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SAN DIEGO.- Luego de que ACLU San Diego-Imperial County consideraron que tal como se ha formulado el plan de redistritación electoral del Condado de San Diego violaría el Acta de Derechos Humanos por no considerar un distrito para grupos de minoría, la junta de supervisores pidió una revisión del mismo.

El Condado de San Diego, que fue los primeros en adoptar nuevos límites distritales, ha decidido posponer la aplicación de los mismos hasta que no se termine este estudio, y se tome en consideración la opinión de the American Civil Liberties Union of San Diego and Imperial Counties (ACLU).

Asimismo, se informó que los supervisores instruyeron al personal a proponer una ordenanza “para implementar el plan que resulte favorecido por el voto (de los miembros de la junta directiva), pero una vez tomada en cuenta la opinión de ACLU.

No obstante, Sarah Gordon, vocera de prensa para la Administración del Condado de San Diego dijo que el estudio no está listo, por lo que se pedirá un aplazamiento de tres semanas, antes de ser sometido a votación por el pleno de la junta.

Cabe recordar que los límites legislativos distritales son ajustados cada diez años con base a los resultados arrojados por el Censo.

Se indicó que los supervisores apoyan un plan para conservar sus distritos esencialmente los mismos que están ahora, con excepción de las áreas a las que sirven los supervisores Ron Roberts, que se extendería a las comunidades gobernadas por Grez Cox y Pam Slater-Price.

Ellos, junto con Bill Horn y Dianne Jacob, han servido en la junta directiva del Condado de San Diego desde 1995.