Horacio Renteria

horacio.renteria@ellatino.net

SAN DIEGO.- La familia del inmigrante indocumentado Anastasio Hernández Rojas, quien falleciera el 28 de mayo del 2010 víctima de descargas eléctricas aplicadas por agentes fronterizos en la Garita de San Ysidro, interpusieron una demanda en contra de 12 oficiales ante la Corte Federal de San Diego. Los mismos pertenecen a las agencias federales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza (BP) y el ICE.

Estas demanda es la segunda que interpone la familia de Anastasio, a través de la Defensa- luego de que a principios de este año presentara un juicio civil, solicitando resarcir el daño económico y moral.

Eugene Iredale, quien lleva a cabo la Defensa de la familia Hernández Rojas, indicó que el juicio ha sido interpuesto por 14 causas de acción, incluyendo la tortura por ‘tasser’, en violación de la 4ta. y 5ta. Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos y del Derecho Internacional. La demanda también considera otros causas como: “represalias contra Anastasio, por tratar de ejercer sus derechos a buscar atención médica y por quejarse de maltratos, así como violación al debido proceso de ley al negarle una audiencia ante un juez de inmigración.

Agregó que “esta demanda (enmendada) busca compensación por los daños causados a la familia de Anastasio como resultado de su muerte indebida. Finalmente, solicita el establecimiento de una supervisión adecuada y la prohibición del uso injustificado de la fuerza como consecuencia de que los detenidos expresen quejas por maltrato”.

Iredale dijo que esta segunda demanda incluye un relato de los hechos que condujeron a la muerte de Hernández Rojas, basado en nuevas indagaciones por parte de los abogados de la familia.

Anastasio Hernández Rojas, de 42 años de edad, murió a las 3 p.m. del lunes 31 de mayo en el Hospital Sharp de Chula Vista, a consecuencia de un paro cardiaco, tras haber sufrido muerte cerebral por la golpiza causada por los agentes.

El padre de cinco hijos estadounidenses, quien vivió y trabajó en San Diego por cerca de 27 años, nunca supo que sus padres y hermanos vinieron a verlo al hospital, con visas humanitarias, pues nunca recobró la conciencia y desde el domingo 30 de mayo, los médicos habían declarado la muerte cerebral.

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