Los funcionarios aclararon, sin embargo, que se examinará “caso por caso” de los inmigrantes que afrontan trámites de deportación, y que el nuevo enfoque en la aplicación de las leyes de inmigración por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene como prioridad expulsar del país a las personas que pondrían en riesgo la seguridad nacional, al tiempo que se da trámite a los cargos pendientes ante los tribunales.

En esta revisión, se adelantó por parte de los funcionarios quienes hablaron a condición de mantenerse en anonimato, se dejarán de lado los casos considerados como ‘de baja prioridad’, incluido el de los estudiantes que fueron traídos al país desde niños.

Janet Napolitano, secretaria de Homeland Security (Seguridad Nacional), afirmó que esta decisión se tomó en respuesta a la abrumadora cantidad de expedientes de inmigración, pendientes de resolución y que están acumulados en las cortes estadounidenses. Adelantó que los jueces de inmigración se enfocarán “en extranjeros criminales, esos quienes representan una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional, y reinciden en violaciones a la ley de inmigración”.

Los dos funcionarios, quienes hablaron como voceros de la Administración encabezada por el presidente Barack Obama, aclararon que esta decisión no otorga o confiere estatus migratorio ni legal para los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país.

El revisar ‘caso por caso’, no significa que “les esté dando algún beneficio o estatus migratorio a largo plazo, pues sus casos simplemente se dejarán de lado para que podamos concentrarnos en los casos más serios”, dijo uno de los dos funcionarios del gobierno federal.

Insistió, no obstante, que los indocumentados cuyos casos sean de baja prioridad, porque no tienen antecedentes penales, podrán solicitar un permiso de trabajo legal en Estados Unidos. No obstante, ese permiso de trabajo “ni será automático ni está garantizado, porque serán decisiones que también se tomarán caso por caso”.

Una cuestión primordial del anuncio es que el mismo no aplica en absoluto a los inmigrantes indocumentados que no se encuentran en proceso de deportación.

De acuerdo a datos liberados por U.S Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos), actualmente se procesan 387 mil 532 casos ante los jueces de inmigración, y de esa cifra, 168 mil 532 (menos del 50 por ciento del total) son considerados como casos criminales de alta peligrosidad, con base al delito que se les imputa, pero aún los reincidentes (deportados que regresan al país pese a tener en su récord orden de deportación).

De acuerd a cifras difundidas por The Pew Hispanic Center, existe en la Unión Americana aun estimado de 11.2 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos, aunque esta cifra es más conservadoramente estimada por Homeland Security, quien estimaba que en enero del año pasado se encontraban en el país 10.8 millones de inmigrantes sin documentos.

Christian Ramírez, coordinador nacional de American Friends Service Committee, que la población se percate que no se trata de una reforma migratoria, que “no se dejen estafar por personas sin escrúpulos, que tratan de venderle esta noticia”.

Dijo que aunque no se cuenta con la información adecuada, la integración de un grupo de trabajo entre funcionarios de los Departamentos De Justicia y Seguridad Nacional para revisar y revalorar 300 mil expedientes de migrantes en proceso de deportaciones, no pretende otra cosa que dividir (del total 700 mil casos), el universo de deportaciones, en categoría alta y baja prioridad.

Ramírez dijo que aún continúan en el limbo legal (indefinida) la situación de aquellas personas de aquellas personas indocumentadas que habiendo salido del país, han regresado para reencontrarse con sus familiares, pese a que ya fueron deportadas con anterioridad. En este caso, indicó, se desconoce en qué casos se aplicaría una cancelación administrativa o temporal, si estos casos se reabrirían o no.

Dijo por último que muchas personas han llamado a la oficina preguntando si tendrían posibilidades de ser considerados para un eventual permiso de trabajo, pero se tiene que tener presente que sólo se consideran los 300 mil expedientes en proceso de revaloración.

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