Horacio Rentería

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SAN DIEGO.- Transcurrida la primera década de los atentados terroristas que costaron la vida de millares de estadounidenses, el mundo civilizado lo recuerda como un hecho trágico que espera que jamás vuelva a repetirse en un país que ha cambiado en 360 grados su visión sobre la seguridad.

En coincidencia con esta conmemoración se liberó un reciente documento intitulado: “Remembering 9/11 and Anthrak: Public Health’s Vital Role in Nacional Defense” (Recordando 9/11 y el Ánthrax y el Rol Vital de la Salud Pública en la Defensa Nacional).

El documento, como su nombre lo afirma, es un relato pormenorizado del impacto sicológico, social y de salud causado por la presencia del ántrax, un elemento químico venenoso, capaz de ocasionar la muerte de las personas.

Pero más allá del impacto letal de este polvo blanco que al ser aspirado se interna en los pulmones y ataca al sistema respiratorio de las víctimas, se destaca el daño sicológico que incluye el riesgo de una eventual contaminación del agua, los alimentos y otras fuentes.

Ya no hay prácticamente hospital que no esté preparado para enfrentar a una eventualidad de este tipo, se asegura en el reporte difundido a los medios de comunicación masiva estadounidenses y del cual El Latino tiene una copia.

A nivel local, diez años después de estos trágicos acontecimientos, las revisiones en las garitas de San Ysidro y Otay Mesa se han hecho más minuciosas, y ya es un lugar común que en días festivos como el reciente Labor Day (Día de Trabajo), los automovilistas y peatones tarden más de 3 a 4 horas para internarse de México a Estados Unidos.

Asimismo, en San Diego se han programado diversos eventos para recordar a quienes perdieron su vida aquella trágica mañana del martes 11 de septiembre del 2001. Se adelantó que personal del Departamento de Bomberos Voluntarios y jefes de policía harán demostraciones públicas sobre las medidas de seguridad que están llevando a cabo para proteger a los estadounidenses.

De acuerdo con Anita Sinha, una destacada abogada de Nacional Immigration Law Center, es un hecho que “los ataques terroristas del 2001 transformaron significativamente la política y la aplicación de la ley migratoria de los Estados Unidos, pues “en ese día, América pasó de ser una nación de inmigrantes a ser una nación de sospechosos”.

Sostiene Sinha que “antes del 9-11 l,a aplicación de las leyes civiles de inmigración era directamente responsabilidad del gobierno federal, un poder otorgado al entonces llamado Servicio de Inmigración y Naturalización (ahora Servicio de Ciudanía e Inmigración, USCIS, por sus siglas en inglés).

“Repentinamente”, de acuerdo con la abogada e investigadora, “el Departamento de Justicia comenzó a animar a las policías locales y estatales para que arrestaran y detuvieran a individuos basándose solamente en violaciones civiles de inmigración. Esta medida sólo para salvar las apariencias provocó un desastre entre las comunidades inmigrantes.

Para el activista y coordinador nacional de la organización American Friens Service Committee, Christian Ramírez, esto es absolutamente cierto y refleja el conflicto surgido entre vastos sectores de la población en oposición al programa federal denominado “Comunidades Seguras” y que pese a la oposición social, no sólo continúa aplicándose sino que ha sido refrendado por la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.

Para Ramírez, existe una tendencia a culpar a los inmigrantes en general (pero particularmente a los indocumentados) de los problemas económicos, políticos y sociales del país, cuando esta fuerza de trabajo ha ayudado a sacar adelante, consideró, al país.