Horacio Rentería

Horacio.renteria@ellatino.net

SAN DIEGO.- Los indocumentados que ahora se encuentran en Estados Unidos y que no han incurrido en delitos calificados como mayores o graves (‘felonies’), ya tienen esperanzas.

Ello lo consideró el abogado en Inmigración, James Rudolph, quien recordó, sin embargo, que el anuncio del presidente Obama del 18 de agosto, no es un programa de amnistía, ni otorga estatus legal alguno.

El abogado Rudolph, quien tiene una gran identificación ya aprecio hacia los latinos, indicó que el anuncio presidencial aplica solamente a casos que están en proceso de deportación, con el objeto de darle prioridad a los casos considerados como de mayor urgencia, ante un sistema judicial sobrecargado (ante un razgo de alrededor de 300 mil expedientes por revisar).

Lo interesante, de acuerdo con el entrevistado, es que en la revisión de los casos pendientes que harán los jueces de inmigración en las cortes, aquellos que califiquen como de “baja prioridad” podrán ser administrativamente cerrados, y los calificados como ‘de alta’ serán procesados más agresivamente.

Aclaró en el mismo sentido que no está claro, no obstante, cuál es el criterio con el que el gobierno categorizará los casos de ‘alta’ y ‘baja’ prioridad, pero la novedad es que en el futuro las autoridades de inmigración deberán revisar caso por caso antes de comenzar un proceso de deportación.

Lo favorable para los indocumentados que no han cometido delitos graves y que sean considerados como de baja prioridad es que no deberán ser referidos a la corte de inmigración o deportación, pero la decisión corresponde tomarla exclusivamente al juez de inmigración, dijo.

Destacó que para aquellos casos que sean administrativamente cerrados, abre la puerta para que estas puedan solicitar un permiso de trabajo o Documento de Autorización de Empleo o “EAD”, aunque no hay detalles ni instrucciones de cómo solicitarlo, y menos aún de quiénes serán elegibles para recibirlo.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Homeland Security Department (Departamento de Seguridad Nacional) el “EAD” es un documento temporal que no concede ningún estatus legal, pero si es un permiso que se dá a una persona para trabajar legalmente en territorio estadounidense, generalmente válido por uno o dos años, y el cual puede ser renovado. Se indica que la cuota para solicitarlo es –en la actualidad- de alrededor de $380, aunque, en algunos casos, personas que puedan demostrar dificultades financieras, podría autorizárseles una excepción de pago.

Se estima que hay en Estados Unidos alrededor de 12 millones de indocumentados, y de acuerdo con investigaciones de PEW Center es considerablemente menor la cifra de personas que habrían incurrido en delitos mayores.

El abogado James Rudolph representa al único servicio legal internacional, con oficinas en San Diego y Tijuana, e invitó a los lectores de El Latino a llamarles, para orientación gratuita sobre su caso al (619) 235-00-10 en San Diego y (664) 200-22-77 en Tijuana.