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SAN DIEGO.- Los senadores Darrel Issa, de San Diego, y Charles E. Grassley, del Comité Judicial del Senado, recriminaron lo que consideraron una probre respuesta por parte de Procuraduría de Justicia, Eric H. Holder, relacionada con el crimen en México del Agente del ICE, Jaime Zapata.
“No solamente la respuesta fue 6 meses más tarde, sino completamente fallida al responder preguntas claves”, afirman en una carta dirigida al funcionario federal en referencia a la llamada Operación ‘Rapido y Furioso”.
En junio pasado, el congresista sandiegunio Darle Issa, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, solicitó al gobierno federal información sobre la muerte de Zapata.
Tanto Issa como Grassley sostienen su exigencia en la versión, reconocida oficialmente por altos funcionarios de la agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), de que este operativo fue implementado por esta oficina y autoridades estatales con el fin de “rastrear el flujo ilegal de armas estadounidenses al crimen organizado, al permitir la compra y el ingreso de armamento ya identificado a manos de criminales que operan en México”.
Pero en una carta enviada por Issa y Grassley al Procurador de Justicia Holder evidencian que hubo “inconsistencias” en declaraciones sobre el asesinato del agente Zapata por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la tácticas empleadas en la vigilancia sobre los vendedores y compradores de armas que ‘soltó’ la oficina de ATF de “Operation Fast and Furious” en Phoenix, Arizona.
Estas inconsistencias, sostienen los legisladores en su misiva, evidencian que Otilio Osorio, su hermano Ranferi Osorio y Kelvin Morrison, los tres compradores asociados al crimen del agente de la DEA, eran conocidos por ATF, mucho tiempo antes de que las armas compradas por los hermanos fueran ligtadas al asesinato del agente Zapata.
Además, los legisladores Grassley e Issa refieren que los pasos para la investigación de los documentos o evidencias fueron dados tres meses posteriores a que ocurriera el homicidio, y la ATF fallló todo ese tiempo en crear un Reporte de Investigación sobre el caso.
Por otra parte, mientras el director en funciones de esta agencia federal, Kenneth Nelson, aceptó que en ‘Rápido y Furioso’ “se cometieron serios errores”, dado que la DEA y el FBI no compartieron información clave con la que se contaban acerca de los traficantes de armas”, hizo nuevas revelaciones que hacen más complejo este escándalo internacional vinculado a la venta de armas de fuego.
Renee Jáquez, junto con otros oficiales de la ATF, aseguraron a un diario de El Paso, Texas, que el gobierno federal de Estados Unidos “dejó caminar” más de 2 mil armas a México a través de este operativo.
Trascendió que a los escasos días el agente latino fue trasladado a Washington, lo que él califica como una represalia en su contra.