Birmingham (EFE).- Líderes del Congreso de EEUU y activistas proinmigrantes exigieron esta semana en Birmingham la revocación de la ley HB56 que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en Alabama, al argumentar que viola la Constitución y debe enviarse al “basurero de la Historia”.

Durante un mitin en la emblemática Iglesia Bautista de la Calle 16, que fue escenario del activismo afroamericano en la década de los 60, legisladores y líderes cívicos y religiosos argumentaron que la HB56 no tiene cabida en el siglo XXI en EEUU.

Los activistas lanzaron hoy la campaña “Una familia, una Alabama”, promovida por la Coalición por la Justicia con los Inmigrantes de Alabama (ACIJ, en inglés), en medio de ovaciones y al grito de consignas como “Sí se puede!”, “Somos Alabama”, y “No más HB56!”.

El acto contó con la asistencia de poco más de tres mil personas dentro y fuera de la iglesia y forma parte de un incipiente movimiento de derechos civiles en contra de la discriminación de los indocumentados en Alabama, en su mayoría hispanos.

El legislador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, que encabezó la delegación de congresistas, fue recibido como un héroe poco después de que el grupo concluyese una audiencia ad hoc en la Alcaldía de Birmingham.

En declaraciones a Efe, tanto Gutiérrez como el legislador demócrata de Texas, Silvestre Reyes, aseguraron que lucharán en la calle y en los tribunales hasta que se revoque la HB56.

“La tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración corresponde al Gobierno federal, no a los estados”, dijo Reyes.

“No podemos regresar al pasado, y vamos a luchar hasta que se anule esta ley””, añadió Gutiérrez, quien defendió que los testimonios recabados hoy servirán “para despertar conciencia sobre una ley tan nociva”.

Durante la vista, los legisladores escucharon testimonios de funcionarios estatales, autoridades escolares, padres, maestros, estudiantes y activistas sobre el impacto de la ley, que entró en vigor el pasado 28 de septiembre.

La legisladora demócrata de Nueva York, Yvette Clarke, dijo a Efe que los indocumentados pagan impuestos y contribuyen a la sociedad y su persecución en Alabama no sólo es “deshumanizante” sino también “una violación de los derechos civiles y una crisis humanitaria”.

“Es una historia que desafortunadamente hemos visto en otros tiempos y no debería repetirse”, afirmó Clarke.

En la audiencia participaron personalidades como el alcalde de Birmingham, William Bell, y Dolores Huerta, cofundadora del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW).

“La HB56 ha devastado a la comunidad inmigrante en Alabama. No exagero cuando digo que esta ley ha desatado una tragedia humana en Alabama. Con las cláusulas en vigor, los indocumentados no pueden acceder a ningún tipo de servicio del Gobierno”, explicó Mary Bauer, directora de asuntos legales del grupo Southern Poverty Law Center.

En su opinión, la ley “ha sometido a todo un grupo de personas a una especie de exilio legal. Ha destruido vidas, fragmentado a familias, devastado comunidades y hecho trizas nuestra economía”.

La delegación se centró en la cláusula que permite que la policía exija prueba del estatus legal a toda persona que detenga y que, según los activistas, da licencia para la discriminación en función del acento o de la apariencia física.

Ese fue el caso de un gerente alemán de una planta manufacturera de la empresa Mercedes Benz, que el viernes pasado fue detenido porque su coche de alquiler no tenía la placa debida.

Fue puesto en libertad cuando pudo mostrar su licencia y su visa legal con una planta de ensamblaje de Mercedes Benz que en Tuscaloosa ha creado miles de empleos en el estado.

Los tribunales federales han bloqueado varias de las cláusulas más polémicas de la HB56 mientras estudian su constitucionalidad, incluida la que permite que las autoridades escolares pidan “los papeles” a los inmigrantes inscritos en las escuelas públicas.

La HB56 ha suscitado la repulsa de empresarios que están perdiendo empleados y clientes en momentos en que muchos gobiernos estatales afrontan crisis presupuestarias.

El senador republicano estatal Gerald Dial encabeza un grupo de legisladores estatales que intenta modificar la ley HB56, al reconocer que ésta “ha tenido consecuencias que no vimos venir”.

“Soy lo suficientemente maduro como para reconocer un error y haré lo posible por enmendarlo”, dijo Dial recientemente a los periodistas.