Washington, (EFE).- Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos terminarán 2011 con el peso de más deportaciones y más desempleo, y con la perenne incertidumbre sobre si, en 2012, el Congreso aprobará leyes que les ayuden a salir de la sombra.

Aunque varios líderes demócratas del Senado aseguran que hay «rayitos de esperanza» en un año electoral para algún componente de una reforma migratoria integral, lo cierto es que 2011 vio el asedio imparable contra los extranjeros clandestinos en este país.

Según cifras oficiales, en el año fiscal 2011 las autoridades deportaron a 396.906 indocumentados, y cerca del 55%, o unas 216.698 personas, tenían antecedentes penales.

Ese total representa un incremento de unas 27.000 personas más que en el último año de la presidencia de George W. Bush.

Esos datos revelan además que la Administración Obama, que ya ha deportado a más de un millón de indocumentados desde 2009, ha batido el récord de deportaciones de todo el mandato de Bush.

Al parecer, ni el aumento en los arrestos y deportaciones ni el descenso en los cruces ilegales -debido a la crisis económica y la escasez de empleo, entre otros factores- ha aplacado a grupos que exigen la expulsión de los indocumentados.

Así, el recrudecimiento del combate a los indocumentados también vino de la mano de leyes aprobadas o puestas en vigor en varios estados sureños de EEUU, que han copiado el ejemplo de «mano dura» de la ley SB1070 promulgada en 2010 en Arizona.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, en inglés), durante 2011 se presentaron 1.607 proyectos de ley y resoluciones relacionadas con inmigración en todo el país. Del total, para el pasado 7 de diciembre, 42 estados y Puerto Rico adoptaron 197 leyes y 109 resoluciones, indicó la NCSL.

El número de medidas representa un aumento significativo respecto a 2010, cuando 46 estados sopesaron más de 1.400 medidas de carácter migratorio.

Por si el asedio policial y el incremento en la vigilancia fronteriza fuera poco, la población indocumentada también ha sufrido los embates de una mayor tasa de desempleo, lo que a su vez ha mermado sus remesas familiares.

El Instituto de Política Pública de California calcula que sólo en California, unos 300.000 indocumentados han abandonado el estado desde 2008 para perseguir sus sueños al sur del Río Bravo, aunque quedan otros 2,6 millones que representan el 7% de su población y el 9% de su fuerza laboral, respectivamente.

Aún con todo, los defensores de los derechos de los inmigrantes pudieron celebrar pequeñas victorias, comenzando por la decisión de la Administración Obama de revisar los casos de deportación y dar prioridad a la expulsión de quienes representan una amenaza a la seguridad pública y nacional.

Por otra parte, el Tribunal Supremo anunció el pasado 13 de diciembre que estudiará la constitucionalidad de la SB1070, que criminaliza la presencia de indocumentados en Arizona y ha servido de modelo para leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Utah y Carolina del Sur, que también son objeto de demandas.

Su decisión, esperada para finales de junio próximo, podría alentar el impulso de leyes punitivas contra los indocumentados o, de anular la SB1070, ayudaría al presidente Barack Obama y a los demócratas, que buscan afianzar el apoyo de los hispanos en 2012.

Mientras, después de una investigación iniciada en junio de 2008, el Departamento de Justicia determinó que el alguacil del condado de Maricopa (Arizona), Joe Arpaio, incurrió en prácticas «discriminatorias» contra los inmigrantes latinos, y tomó medidas de represalia contra sus detractores.

La investigación sólo ha aumentado las presiones para que Arpaio, que se ha regodeado de su combate a los indocumentados, renuncie a su cargo.

Los cerca de once millones de inmigrantes indocumentados terminan 2011 como en 2010: sin que la reforma migratoria integral se haya movido un ápice en los corredores del Congreso.

La última reforma se efectuó en 1986, bajo la presidencia de Ronald Reagan, y durante un año electoral.

Pero, a menos que se materialicen los «rayitos de esperanza» que vaticinan los demócratas, 2012 será otro año en que Obama aún no cumple su promesa electoral de 2008 para una reforma.