Houston (Texas), 28 dic (EFE).- La colombiana Paula Zapata forma parte del inmenso grupo de jóvenes indocumentados que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños y que, pese a su estatus migratorio, han podido culminar sus estudios universitarios.

A sus 27 años, Zapata acaba de graduarse de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Houston y debe afrontar la dura realidad de los que como ella se encuentran en la misma situación; ejercer su profesión e ingresar al mercado laboral.

Pero difícilmente lo hará al menos que se apruebe una legislación que la ampare o consiga un patrocinador laboral y así poder regularizar su estatus migratorio.

La otra gran diferencia de Zapata con la de sus pares es que ella se moviliza en una silla de ruedas, mide cerca de tres pies (un metro) de estatura y padece una enfermedad congénita: osteogénesis imperfecta, un trastorno presente al nacer que se caracteriza por una fragilidad de huesos excesiva debido a la deficiencia de colágeno.

«Es una condición médica rara que sólo ataca a uno de 500.000 niños. Cuando llegamos de Colombia, mi papá no tenía la intención de quedarse, sin embargo aquí se dieron cuenta de que era un tratamiento largo», sostuvo Zapata, quien llegó al país a los cuatro años.

«Cumplí cinco en el hospital. Nací con varios huesos fracturados y problemas en la columna», agregó.

Según cuenta, ha sido el deseo de supervivencia y el apoyo de sus padres lo que la han motivado a no perder la fe y seguir adelante con sus pasiones como el arte y la fotografía a pesar de sus limitaciones físicas.

«Pero también al ver a otras personas que han estado en similares situaciones que yo y decirme a mí misma ‘bueno, si yo pasé por eso, ahora les puedo ayudar’. Hay una conexión, de ese calor humano, de saber, de entender que estuve en ese lugar», sostuvo Zapata, quien requiere además de una silla de ruedas eléctrica nueva.

La que usa en estos momentos le ha durado 12 años y su situación migratoria la imposibilita de conseguir una nueva debido al alto costo que representa, cerca de 8.000 dólares.

«Cuando uno está pequeño hay mayor acceso a programas de salud y a recursos, pero todo cambia cuando cumples la mayoría de edad», dijo.

Actualmente participa con organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para promover justicia social y otras que defienden los derechos de los jornaleros inmigrantes que sufren robos de salarios por parte de sus empleadores.

En los últimos meses se ha involucrado también con varias organizaciones para impulsar el Dream Act, la ley que le abriría el camino a la legalización de cerca de 2,1 millones de jóvenes indocumentados, que como ella fueron traídos por sus padres a EE.UU. cuando eran niños y cuyo último intento por aprobarla fracasó en 2010.

«Queremos que los estudiantes indocumentados que no tienen tantos recursos puedan obtener acceso a la educación y reciban lo mismo que nosotros logramos», comenta Zapata, refiriéndose a una ley en Texas que desde 2005 permite que indocumentados puedan recibir educación en un centro superior y pagar matrículas al costo de un residente del estado.

Hoy, con la ayuda de un grupo de estudiantes hispanos en su misma situación, quiere fundar una organización para otorgar becas a estudiantes de secundaria que deseen obtener una educación universitaria.

Por ahora, su lucha personal se centra en una posible regularización de su estatus migratorio y en impulsar el Dream Act, un sueño para no desaparecer del sistema y convertirse en una de más de 11 millones de inmigrantes en las sombras en EE.UU.