Washington, 30 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia, en pleno año electoral, lidiará durante 2012 con casos que tienen un impacto sustancial tanto sobre los votantes hispanos como sobre los millones de inmigrantes indocumentados.
Sus decisiones se conocerá al tiempo que se intensifique la contienda en la que estará en juego la reelección del presidente Barack Obama -quien en 2008 se llevó el 67 % del voto hispano- o la elección de un republicano para la Casa Blanca.
El pasado 12 de octubre los magistrados del Supremo aceptaron incorporar en su agenda de 2012 una revisión de la constitucionalidad de la Ley SB1070 de Arizona, y eso pocos días después de que añadieran las modificaciones en los distritos electorales del estado de Texas.
Asimismo los nueve jueces estudiarán desde marzo las numerosas querellas iniciadas por varios estados contra la Ley de Reforma Sanitaria aprobada en 2009 por el Congreso y que es pieza central del Gobierno de Obama.
El Tribunal Supremo también podría añadir a su controvertido programa de 2012 una decisión sobre la querella iniciada por el Departamento de Justicia contra una ley de Carolina del Sur que requiere que los votantes presenten un documento de identificación y habilitación que tenga una fotografía.
La ley en Carolina del Sur refleja las aprobadas por otros 30 estados y que, con requisitos de identificación adicionales, podrían disminuir la participación de votantes de minorías y con menos recursos económicos.
En enero el Supremo anunciará si acepta a trámite un caso acerca de los esfuerzos de la Universidad de Texas por alcanzar un «balance racial» en sus aulas.
«Estos asuntos, tomados juntos, pueden cambiar drásticamente la forma en que los hispanos conducen su vida cotidiana, ya que pueden afectar las tendencias de voto, la asequibilidad del cuidado de la salud y las leyes de inmigración», señaló en una entrevista televisada Daniel Cratty, de la Asociación Nacional de Colegio de Abogados Hispanos (HNBA por su sigla en inglés).
La ley SB1070, promulgada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en 2010, autoriza a la policía estatal y local a que, en el curso de sus investigaciones, requieran de las personas pruebas de residencia legal en el estado, y convierte en delito la presencia en su territorio de inmigrantes indocumentados.
La regulación de la inmigración está bajo jurisdicción del Gobierno federal, pero después de décadas a la espera de que el Congreso de EEUU apruebe una reforma integral de esa ley, numerosos estados han iniciado la aplicación de leyes propias.
El Gobierno de Obama ha logrado que los tribunales estatales impidan la aplicación de algunos aspectos de la Ley SB1070, pero lo que estará en manos del Tribunal Supremo de Justicia es la disputa fundamental: ¿Pueden los estados aplicar leyes de inmigración aunque ésta sea materia exclusiva del Gobierno federal?
Este fallo tendrá impacto sobre las leyes contra los inmigrantes aprobadas en Carolina del Sur, Arizona, Georgia, Indiana, Utah y Alabama.
La inmigración ilegal y la presencia en EEUU de más de doce millones de inmigrantes indocumentados -en su mayoría de América Latina y el Caribe- son asuntos polémicos en el debate político preelectoral.
Todos los aspirantes a la candidatura presidencial republicana hasta ahora han competido por presentarse como el más «duro» en propuestas para fortificar la frontera e impedir una amnistía.
Los magistrados del Supremo se pronunciaran en los primeros meses del año sobre los cambios en un mapa de distritos electorales en San Antonio que hasta ahora favorecía a los demócratas y permitía que los hispanos contaran con tres distritos favorables.
En EEUU los distritos electorales que envían representantes al Congreso federal se modifican de acuerdo con las cifras del Censo, y el de 2010 fue el más reciente de los realizados cada diez años.
El plan propuesto, que podría contar con el favor de la mayoría conservadora del Supremo, favorece a los republicanos y podría ayudar a que este partido mantenga el control de la Cámara de Representantes.
