Charlotte (Carolina del Norte), 30 dic (EFE).- El uso obligatorio del programa E-Verify para la contratación de empleados entrará en vigor el próximo domingo, aunque las partes más controvertidas de la ley de inmigración SB20 en Carolina del Sur fueron bloqueadas.

Desde 2008, una ley estatal exigía a las empresas utilizar otros métodos para comprobar la legalidad de sus empleados, pero, en mayo pasado un fallo de la Corte Suprema ratificó el uso del programa, que compara los datos personales con información de bases de datos federales, con lo que esa parte de la SB20 no pudo impugnarse.

A partir del 1 de enero, las empresas deberán registrarse y utilizar el E-Verify cada vez que contraten a una persona, y de no hacerlo correrán el riesgo de ser multados o perder su licencia de operaciones.

El Departamento del Trabajo, Licencias y Regulaciones (LLR) de Carolina del Sur investigará las quejas de posibles contrataciones de indocumentados y realizará auditoría al azar para cerciorarse que se esté cumpliendo con las disposiciones.

Los negocios recibirán cartas del LLR notificando sobre la auditoría y pedirán una lista de los empleados que fueron sometidos a revisión por el E-Verify.

La agencia gastará hasta 250.000 dólares de su presupuesto para hacer cumplir la ley y aunque sólo 10.556 negocios se han inscrito hasta el momento, cerca de 111.112 empresas privadas y públicas operan en Carolina del Sur, según cifras de LLR.

«Siempre ha existido la práctica de revisar los papeles, lo nuevo aquí es que será por el E-Verify, un programa que no es 100 por ciento seguro, que por un simple error administrativo una persona puede verse afectada en su derecho a trabajar», afirmó hoy a Efe Iván Segura, del Consejo de los Mexicanos en las Carolinas.

Según Segura, no todas las empresas en el estado cuentan con una computadora con acceso a Internet, especialmente las hispanas, lo que complica la contratación de mano de obra.

«Lo más delicado sería que los patronos van a utilizar el E-Verify como arma de evaluación previa antes de entrar en la etapa de contratación. También se presta para que algunos empresarios revisen los documentos de los otros trabajadores», acotó.

El Gobierno federal no permite la revisión de empleados que ya se encuentran en nómina.

En su decisión del pasado 22 de diciembre, el juez federal Richard Gergel dejó sin efecto el artículo de la SB20 que permitía a los agentes de la ley locales y estatales pedir documentos migratorios a los «sospechosos» de ser indocumentados.

A pesar de ello, la creación de la Unidad del Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una especie de policía migratoria compuesta por 12 agentes para arrestar sin papeles, no fue detenida.

En ninguna otra parte del país existe este tipo de dependencia, que será dirigida por el veterano patrullero de caminos, E.C. Johnson, quien manejará un presupuesto de 1,3 millones de dólares para nuevos equipos, vehículos, y uniformes.

Varias agencias locales del orden público se pronunciaron en contra de la unidad por considerarla un malgasto de recursos, ya que los policías deben dedicarse a buscar criminales y no indocumentados.

Para operar completamente, los oficiales deben recibir primero entrenamiento de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y autorización para ejercer funciones que compete solamente a agentes federales.

Hasta el momento, se desconoce si Inmigración ha aprobado el adiestramiento, aunque en Charleston, al sur del estado, se encuentra el Centro Nacional de Entrenamiento de ICE, donde llegan oficiales de toda la nación para ser entrenados en el programa 287g.

«Esta unidad no tiene razón de ser. Todos los ciudadanos del estado deberíamos levantar la voz para impedir que se canalicen mejor los recursos públicos en otros programas más necesarios como creación de empleo y salud», añadió Segura.

La gobernadora Nikki Haley firmó la SB20 el pasado 27 de junio, convirtiéndola en una de las leyes antiinmigrantes más severas del país.

La SB20 contiene conceptos similares a la ley estatal SB1070 de Arizona y HB56 de Alabama, que han tenido efectos devastadores para la población inmigrante y la economía de esos estados.

También fueron bloqueadas por Gergel las porciones de la ley referente a la obligación de las personas radicadas en Carolina del Sur de portar documentos migratorios y la que convertía en delito el transportar a personas que carecen de estatus migratorio.

El Pew Hispanic calcula que de los 235.000 hispanos radicados en este estado, al menos 45.000 son indocumentados.