Washington, 30 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Barack Obama, decidió hoy a última hora posponer la solicitud al Congreso para elevar el techo de deuda del país, con lo que 2012 comenzará con una nueva votación que previsiblemente enfrentará otra vez a republicanos y demócratas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado a principios de semana que la deuda nacional se encontraba a unos 100.000 millones de dólares del límite pactado en agosto, de 15,2 billones de dólares.

Por ello, se esperaba que Obama remitiese hoy viernes, al cierre de los mercados, la petición al Congreso para que los legisladores sometiesen a votación en los próximos 15 días la propuesta de elevar el tope de deuda pública hasta los 16,4 billones de dólares.

Sin embargo, los congresistas se encuentran de vacaciones y no tienen previsto retomar las actividades hasta el 17 de enero, por lo que pidieron al presidente que enviase la propuesta unos días más tarde.

Ante esta situación, Obama ha accedido a esperar a la reapertura de ambas Cámaras y no forzar una decisión para evitar dar una imagen de dureza e intransigencia ante la ciudadanía.

«La Administración está en discusiones con los líderes de ambas cámaras para determinar el mejor momento para la presentación de la solicitud y la subsiguiente votación en el Congreso», afirmó Josh Earnest, portavoz adjunto de la Casa Blanca, desde Honolulu, en Hawai, donde Obama descansa en estas fiestas de fin de año.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro asegura que dispone de mecanismos de contabilidad válidos para mantener las cuentas públicas sin dañar la credibilidad crediticia del país hasta que la solicitud sea finalmente presentada.

El enfrentamiento en torno al tope de la deuda nacional supuso uno de los capítulos más calientes en las tensas relaciones entre Obama y el Congreso durante 2011.

Desde las pasadas elecciones legislativas de noviembre de 2010, el Congreso está divido entre los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, y los demócratas, que tienen mayoría en el Senado, lo que ha provocado que muchas de las iniciativas presidenciales quedasen paralizadas en el trámite legislativo.

El pulso entre ambos ocasionó que Estados Unidos perdiese su calificación crediticia AAA, la máxima posible, ante la incertidumbre sobre la capacidad de las instituciones para reequilibrar el abultado déficit fiscal.

Finalmente, un acuerdo temporal y de última hora en agosto evitó que el país se declarase en suspensión parcial de pagos, pero solo sirvió para subrayar la incapacidad de ambos partidos de llegar a un pacto sostenible y duradero.

Entonces, el legislativo estadounidense acordó un aumento del techo de la deuda en 2,1 billones de dólares en tres pasos, al tiempo que se comprometió a reducir 2 billones de dólares del abultado déficit de Estados Unidos en los próximos diez años.

Hasta ahora, el tope de deuda estadounidense se ha elevado en 900.000 millones de dólares.

El fracaso se volvió a producir dos meses después cuando el llamado «supercomité» bipartidista, formado por seis congresistas de cada partido, que fue encargado de elaborar un plan de reducción del déficit, acabó arrojando la toalla y reconociendo que las diferencias entre las posiciones eran demasiado grandes.

Como obstáculo insalvable se ha mantenido la cuestión de los ingresos, elemento considerado innegociable tanto por republicanos como por demócratas.

Los primeros porque argumentan que en tiempos de debilidad económica elevar la carga impositiva desincentiva la inversión; los segundos porque aseguran que no es defendible un plan de ajuste fiscal que descanse sólo en el recorte de gastos y que no incluya «sacrificios compartidos» por parte de los ciudadanos con mejor situación económica.

De este modo, la batalla se prolonga y 2012 se iniciará con el mismo acalorado debate sobre las cuentas públicas.

El próximo año será electoral y en él Obama buscará la reelección y además se esperan más negociaciones para evitar que entren en acción los mecanismos de recortes automáticos previstos en el pacto de agosto en caso de que el supercomité no llegara a un acuerdo.

Estos recortes implicarían sustanciales reducciones de 500.000 millones de dólares en cada caso, a comienzos de 2013, del gasto militar y de los programas sociales, áreas consideradas como temas intocables para republicanos y demócratas, respectivamente.