Phoenix, 4 ene (EFE).- La Oficina del Alguacil del condado Maricopa (MCSO), Joe Arpaio, informó hoy que cooperará con el Departamento de Justicia en una investigación por prácticas de perfil racial en contra de hispanos, pero bajo ciertas condiciones.

Cumpliendo con la fecha límite establecida por el Gobierno federal, los abogados de MCSO enviaron hoy una carta en la que expresan su deseo de cooperación, pero a su vez piden «transparencia recíproca».

Con esto buscan que Justicia proporcione por escrito información, cifras y hechos que puedan probar o desmentir las declaraciones hechas durante una conferencia de prensa el pasado 15 de diciembre por representantes de este departamento.

Durante esta conferencia se reveló el resultado de una investigación civil de tres años en contra de MCSO, en la que el Departamento de Justicia encontró indicios de prácticas de perfil racial en contra de conductores hispanos.

Justicia también señaló que existe discriminación en contra de reos que sólo hablan español en las cárceles del condado Maricopa.

Asimismo acusó a Arpaio de tomar represalias en contra de aquellos que públicamente se atreven a criticar sus prácticas.

En un comunicado de prensa emitido hoy, Arpaio reiteró que estas acusaciones están motivadas por intereses políticos.

«Lo que queremos es que el Departamento de Justicia proporcione cualquier tipo de pruebas que puedan tener que respalden sus acusaciones, que se han negado a darnos a nosotros o a los medios de comunicación», dijo Arpaio.

«Si no pueden probar sus acusaciones, lo que sospecho que así es, entonces deben parar su postura política», enfatizó el alguacil.

Arpaio reiteró su deseo de entablar un «diálogo constructivo» con los miembros del Gobierno federal una vez que reciba una respuesta oficial antes del 18 de enero.

En la carta enviada al Departamento de Justicia, MCSO aclara que en la investigación se incluyen entrevistas a múltiples testigos no identificados, lo que hace imposible para esta agencia policíaca presentar su propia versión de los hechos.

MCSO asegura que esta información ayudará a la oficina del alguacil a determinar qué tipo de cambios deben de ser implementados en caso de que sean necesarios.

«El reporte del Departamento de Justicia cita múltiples acusaciones, pero no muestra un problema del sistema», indicó MCSO.

En la misiva, los abogados de Arpaio dejan en claro que un proceso legal, en este caso una demanda en contra de MCSO por parte del Departamento de Justicia es «una opción tonta», y debe de ser evitada.

Aseguran que un proceso legal sería costoso, llevará mucho tiempo y al final terminará retrasando los cambios que el Gobierno requiere en el modo de operar de la oficina de Arpaio.

El subdirector de MCSO, Jack MacIntyre, dijo en el mismo comunicado que el alguacil solamente está pidiendo «justicia básica», lo que incluye la posibilidad de evaluar las acusaciones hechas en su contra y examinar la evidencia que existe.

Este es sólo uno de una serie de problemas que enfrenta Arpaio ya que el mes pasado un juez federal en un caso separado ordenó terminar con sus operativos anticrimen en las calles del condado Maricopa, que han culminado con el arresto de docenas de inmigrantes indocumentados y de ciudadanos y residentes hispanos.

«Como alguacil de este condado, no toleraré ser manejado por Washington DC», finalizó Arpaio. EFE