Phoenix, 9 ene (EFE).- Abogados de MALDEF junto con una coalición de organizaciones de derechos civiles presentaron hoy sus argumentos contra ciertas provisiones de la ley estatal SB1070 en Arizona que prohíben a los jornaleros solicitar empleo en las calles.

La controvertida ley estatal que entró en vigor en julio de 2010 penaliza a aquellas personas que solicitan trabajo en las calles y establece sanciones también para quienes los contratan.

El Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y la Educación (MALDEF) junto con la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), entre otros grupos, solicitaron a la Corte Federal en Phoenix bloquear estas disposiciones.

«La jueza Susan Bolton escuchó nuestros argumentos y esperamos que en los próximos meses tengamos una decisión», dijo hoy a Efe Alessandra Soler, directora ejecutiva de ACLU.

Estas prohibiciones forman parte de las secciones de la ley SB1070 que no fueron bloqueadas por la magistrada Bolton antes de su entrada en vigor.

Víctor Viramontes, abogado de MALDEF, dijo a Efe que esta parte de la SB1070 tampoco forma parte de otro caso en contra de dicha ley estatal que será escuchado por la Corte Suprema de Estados Unidos este año.

Actualmente las únicas secciones de la SB1070 que se encuentran bloqueadas temporalmente son las que permiten a los departamentos policiacos cuestionar el estatus migratorio de aquellos que sospechen de estar de manera ilegal en el país.

Viramontes indicó que el año pasado se obtuvo una importante victoria cuando la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve determinó en otro caso que los jornaleros pueden solicitar empleo en las calles amparados por el derecho a la libertad de expresión por lo que la ley aprobada por la ciudad de Redondo Beach, California, contra los jornaleros violaba sus derechos constitucionales.

El abogado aseguró que bajo la primera enmienda de la Constitución se garantiza la libertad de expresión y esto incluye solicitar empleo en las calles.

Desde que la nueva regulación entró en vigor en Arizona los jornaleros solamente pueden pedir trabajo en centros establecidos para este propósito o en iglesias que les dan permiso para hacerlo.

A juicio de Soler este tipo de leyes son innecesarias, ya que aseguró en el estado existen regulaciones sobre el tema.

«Esto discrimina en contra del jornalero, el cual tiene derecho a solicitar empleo», enfatizó.

Añadió que los jornaleros muchas veces les cuesta documentar algún tipo de abuso en su contra debido a que cuando la policía los detiene o los desaloja de los lugares donde piden empleo no les explica que es porque que están aplicando la SB1070.

«La policía solamente les dice que no pueden estar en ese lugar, que se tienen que ir, sin darles ninguna razón», denunció.

En su opinión esto crea un clima de discriminación ya que, enfatizó, no todos los jornaleros son indocumentados y tienen el derecho como cualquier otra persona de solicitar trabajo.

Como Mario González, de 38 años, quien hace cuatro años perdió su empleo en una fabrica ensambladora y desde entonces solicita trabajo en las calles de Phoenix.

«La policía te hace la vida muy difícil, cualquier pretexto es suficiente para que te detengan y te cuestionen», dijo el jornalero a Efe.

La coalición espera tener una decisión sobre este aspecto de la ley por parte de la Corte Federal antes de que el Supremo dé a conocer su fallo sobre la demanda interpuesta por el Gobierno federal.

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