En una conferencia de prensa encabezada por la Fiscal de Distrito del Condado, Bonnie Dumanis, confirmó que entre los acusados figuran el exsuperintendente del distrito escolar Jesús Gándara, los miembros de la junta directiva Pearl Quiñones y Arlie Ricasa, además de Greg Sandoval, un exoficial en retiro y quien estuvo en la junta durante 16 años.

Además se refirió a un constructor al que en la investigación sólo identifican como ‘Henry El Amigable’, y que habría sido un hombre clave para que se diera, lo que Dumanis calificó como ”uno de los casos más fuertes en su tipo en el Condado de San Diego”.

En más de una docena de cargos destacan el de ‘brivery’ (soborno a través de dinero o regalos a cambio de un favor), perjurio, falsedad en declaración documentada, uso de influencias de un oficial electo y obtener una cosa de valor a cambio de influir en una decisión.

En término simples, de acuerdo con la Procuraduría de Distrito del Condado de San Diego, el caso de corrupción se dio entre el 2008 al 2011, tiempo en el que los acusados habrían recibido boletos para acudir a eventos deportivos y espectáculos, comer en restaurantes, viajar en avión, etcétera.

Todo lo anterior a cambio de que autorizaran la firma de los contratos de obra resultante de la llamada Proposición O, la cual fue aprobada por el voto de los electores californianos durante las elecciones del 4 de noviembre del 2008.

De acuerdo con Dumanis, esta Proposición le permitió al Distrito de Sweetwater $644 millones de dólares, lo que habría sido el interés primordial del exsuperintendente Gándara y el señalado como el que ‘maquinó’ la idea: “Henry El Amigable”.

Un hecho especialmente grave en que incurrieron los acusados, dijo, fue el no haber reportado los regalos recibidos en la forma conocida como declaración de interés económico (Statement of Economic Interest), que existe para ese fin y que es requerido por la ley estatal.

“La extendida corrupción que nosotros descubrimos durante nuestra investigación de este caso es indignante y vergonzoza”, dijo Dumanis quien dio el crédito de esta investigación al fiscal Leon Schorr y el investigador Vicent Giame, quienes –dijo- llevaron cuatro años de investigación y completaron un expediente de cerca de 3 mil hojas.

Dumanis anticipó que los acusados tendrán que acudir el próximo a la Corte Superior del Condado de San Diego, en calidad de arraigo.

Por otra parte, el superintendente Ed Brand, quien reemplazó en el cargo a Gándara, ofreció una conferencia de prensa y reiteró que en lo sucesivo este distrito está comprometido a actuar con honestidad y estricto apego a la ley en el manejo de los recursos, en el mejor interés de los estudiantes, padres de familia y personal del mismo.

Horacio Rentería

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