Atlanta, 11 ene (EFE).- Cuatro estudiantes indocumentados que fueron detenidos en noviembre pasado por ingresar sin autorización al Centro de Detención del Condado de Etowah, en Alabama, conocidos como los «4 de Alabama», luchan por evitar ser deportados.

Los cuatros jóvenes, que son activistas proinmigrantes de una coalición denominada National Immigrant Youth Alliance (NIYA), permanecieron detenidos en noviembre pasado durante dos días mientras visitaban a un inmigrante recluido en el Centro de Detención de Etowah que les había llamado para pedir ayuda.

Sonia Guinansaca y Felipe Baeza, que viven en Nueva York; Jesús Barrios, de California; y Reyna Wences, en Illinois, tuvieron hoy una audiencia en Gadsen, Alabama, para ventilar su caso, aunque por no tener un abogado que les representase hasta pocas horas antes de la misma pidieron al juez que fuera pospuesta hasta el mes de abril.

«Nosotros creemos que fuimos arrestados injustamente, porque no somos culpables de lo que se nos acusa», dijo a Efe vía telefónica Wences, que fue detenida junto a los otros estudiantes mientras trataban de localizar al detenido en el centro de detención de inmigrantes.

Los jóvenes formaban parte de un grupo de activistas que en noviembre pasado se trasladaron a Alabama para ayudar a la comunidad inmigrante ante la inminente entrada en vigencia de la ley de inmigración HB56.

Pese a que ninguno enfrenta aún un proceso de deportación, los activistas temen que sus casos sean transferidos a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) una vez que culmine el proceso legal que se sigue en su contra.

«Hemos visto el caso de varios jóvenes que podrían ser elegibles para el DREAM Act han salido libres porque han hecho sus casos públicos y esa es una de las principales razones por la que estamos haciendo pública nuestra situación», afirmó la estudiante.

Los cuatro jóvenes temen ahora su propia deportación mientras enfrentan cargos por ingreso sin autorización al centro de detención y desobedecer a las autoridades, en uno de los estados que más ha endurecido sus posturas contra los inmigrantes indocumentados.

«Al hacer público nuestro caso hay riesgo de que nos arresten de nuevo y nos deporten, pero también es por lo que hemos estado luchando y por lo que venimos hasta acá», agregó.

Muchos estudiantes indocumentados han optado por unirse al movimiento «Undocumented and Unafraid», que les insta a «salir de las sombras» y exponer las dificultades que enfrentan para presionar al Congreso y a la actual administración a aprobar el DREAM Act.

En agosto pasado, los jóvenes Luis Hernández, de 18 años, y Pedro Morales, 19, se convirtieron en los primeras personas con casos de inmigración pendientes en Georgia en ser puestas en libertad al utilizar como argumentos para desestimar su deportación el ser posibles beneficiarios del DREAM Act.

Ambos jóvenes, que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, habían sido detenidos en retenes de tráfico separados a principios del verano y no tenían antecedentes penales.

En un caso que acaparó atención a nivel nacional, la estudiante indocumentada Jessica Colotl fue arrestada en 2010 por una infracción de tránsito en una universidad de Georgia, aunque luego recibió autorización de ICE para permanecer en el país por más tiempo.

La ley HB56, que criminaliza la presencia de indocumentados en Alabama, ha sido objeto de demandas del Departamento de Justicia y organizaciones cívicas y religiosas de todo el país,

Pese a que tribunales federales han bloqueado varias de las cláusulas más polémicas de la HB56, la entrada en vigor de la medida ha generado la repulsa tanto de activistas como de empresarios y el éxodo de inmigrantes a otros estados por el temor a ser deportados.