San Diego, 18 ene (EFE).- El Gobierno busca aprovechar al máximo el control actual en la frontera con México para endurecer las deportaciones de indocumentados, incluidos los detenidos por primera vez.

Este enfoque cambiará el procedimiento de tomar solamente las huellas digitales y fotografía de inmigrantes indocumentados detenidos por la Patrulla Fronteriza antes de ser repatriados y la de deportar o imputar con cargos federales a quienes eran sorprendidos cruzando repetidamente o con antecedentes criminales.

Esta política ha cambiado gradualmente desde 2009, con el llamado «Sistema de Entrega con Consecuencias», que busca endurecer los castigos contra indocumentados y que será el centro de los cambios que se espera la Patrulla Fronteriza anuncie próximamente y que fueron adelantados a la prensa por su jefe, Mike Fisher, en días pasados.

La portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en San Diego, Kerry Rogers, confirmó a Efe que estos cambios se han implementado ya en zonas de la frontera.

Así, se divide a quienes cruzan sin documentos legales a EE.UU. y son detenidos en ocho categorías, que comprenden desde quienes cometen la falta por primera vez hasta aquellos con historial criminal.

Con este énfasis, la administración Obama busca aprovechar el mayor control alcanzado en la frontera, debido a que las detenciones han alcanzado números históricos a la baja, lo que también le permitirá trasladar a quienes capture en un área geográfica determinada a lugares alejados para ser deportados.

Con esto se busca cortar los vínculos de los indocumentados con los traficantes que los cruzaron, pese a que se considera hacer excepciones para los más vulnerables, como niños y personas enfermas, los cuales serían deportados en el puerto de entrada más cercano.

Esta nueva estrategia dependería, sin embargo, de la cooperación de otras agencias federales, pues los fiscales federales deben de acceder a tomar los casos y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) debe tener suficiente capacidad en los centros de detenciones.

Pedro Ríos, del Comité de Servicio de Amigos Americanos en San Diego, dijo a Efe que este programa se ha utilizado primero en Tucson y que corresponde a la tendencia de generalizar políticas que primero se ponen en marcha en una zona fronteriza.

«Nos preocupa que la administración Obama, seguramente para combatir percepciones de debilidad en inmigración frente a las elecciones, comienza de nuevo a endurecer sus políticas sin tomar en cuenta el impacto con comunidades migrantes, en medidas que también por su premura podrían no reconocer y respetar el debido proceso legal bajo la constitución para inmigrantes», indicó Ríos.

Debido a la vigilancia aérea, el mayor número de agentes y los avances tecnológicos, se calcula que en los sectores de El Paso, Yuma y San Diego cerca del 90 % de quienes cruzan sin autorización son capturados.

Esto se debe a que desde 2004 el número de agentes se ha duplicado hasta alcanzar cerca de 21.000, aunados a la triple barda, el uso de aviones no tripulados y otras tecnologías, y la presencia de 1.200 miembros de la Guardia Fronteriza en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Esto aunado a que los arrestos en la frontera sur se encuentran en su número más bajo en 40 años, con solo 447.731 inmigrantes arrestados durante el año fiscal 2010 -frente al cerca de un millón en los ochenta y noventa-, permite a la Patrulla Fronteriza un mayor control sobre las personas detenidas.

La administración Obama ha deportado a más de un millón de indocumentados desde 2009, lo que supone un nuevo récord.

La portavoz de ICE, Lauren Mack, dijo a Efe que este aumento es consecuencia de programas enfocados en indocumentados deportados previamente, y a los esfuerzos de EE.UU. para interrumpir las rutas de tráfico de personas, además de desalentar a inmigrantes potenciales.

Mack dijo que cerca del 43 % de las personas deportadas en San Diego durante el año fiscal 2011 contaban con historiales criminales.

Para Ríos, estas cifras son engañosas, pues una vez que se tipifica como delito el que una persona entre sin documentos a EE.UU., se les trata como delincuentes pese a que la mayoría viene a trabajar.

«Una gran mayoría tiene sus vidas en EE.UU., familia, trabajo, bienes raíces, cuando se les deporta genera separación familiar, lo que es un abuso de derechos humanos», finalizó Ríos.EFE