Washington, (EFE).- La recomendación de las autoridades de inmigración para cancelar el 14 por ciento de los casos de deportaciones en los programas piloto de Denver y Baltimore es una cifra orientativa que podría bajar o subir, afirmó la Casa Blanca.

En una mesa redonda con periodistas hispanos, la nueva directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, aseguró que las cifras dadas a conocer esta semana no son definitivas porque los programas piloto en ambas ciudades aún no han concluido.

En las revisiones de los casos registrados en Denver y Baltimore, los funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Justicia recomendaron cancelar en torno al 14 por ciento de las deportaciones.

Pero, puntualizó Muñoz, estos funcionarios aún no han concluido su examen de los antecedentes penales de los inmigrantes no encarcelados.

Si los resultados fueran extrapolables al resto del país, la cancelación de las extradiciones afectaría a «unas 40.000 personas», pero «no sabemos si eso será así».

«No comenzamos con una idea cierta de qué porcentaje iba a ser. No se puede saber con anticipación, es algo para decidir caso por caso», explicó la alta funcionaria, la hispana de mayor rango en la Casa Blanca.

El pasado agosto, el presidente Barack Obama, anunció un cambio en la aplicación de la ley migratoria que suponía revisar «caso por caso» los procesos judiciales de unos 300.000 indocumentados que afrontan trámites de deportación y permitir que aquellos a los que se permitiera quedarse en EE.UU. pudieran solicitar permisos de trabajo.

En cuanto a los casos pendientes, la agencia puso en marcha el 4 de diciembre una nueva fase, consistente en dos programas piloto de seis semanas en las que los abogados han examinado cada uno de los procesos acumulados en los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).

A partir de ahora, una vez terminada esa fase, las autoridades decidirán cómo ampliar el modelo de esos programas piloto a los tribunales de inmigración de todo el país.

Los programas piloto han suscitado las críticas de las organizaciones pro inmigrantes, que han denunciado que aunque representan un paso positivo, «los procesos son muy lentos y no son una solución real al problema».

«La gente no está logrando mejorar su estatus pese a estas medidas, sus casos están básicamente congelados. No es la solución excepto para algunos casos concretos», como dijo hoy Laura Lichter, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Denver.

Lichter hablaba en una teleconferencia organizada por el grupo en defensa de los inmigrantes America’s Voice.

Muñoz, advirtió hoy de que cuando la Administración Obama anunció el programa nunca garantizó que fueran a recibir permisos de trabajo.

«Es cierto que cuando anunciamos el programa siempre hemos dicho que las personas tendrán acceso a permisos de trabajo, pero este proceso no ha cambiado» y se verá caso por caso si la persona tiene derecho a un permiso de trabajo bajo las regulaciones existentes, explicó la alta funcionaria. «No hay garantía de nada», insistió.

«Todos sabemos que aunque va a dar cierto alivio a cierta cantidad de personas (…) no es una solución entera para nadie, para eso se necesita una reforma y la autorización del Congreso. Pero es un paso importante aunque nadie esta diciendo que con este cambio hayamos terminado lo que necesitamos hacer para arreglar el sistema», subrayó Muñoz.

A lo largo de los últimos tres años, desde la llegada de Obama a la Casa Blanca, el ritmo de deportaciones ha aumentado y se encuentra en las cerca de 400.000 anuales, una cifra que ha suscitado las críticas de las organizaciones pro inmigrantes.

La Casa Blanca asegura que sigue adelante en sus intentos por lograr una reforma migratoria integral, a su juicio la única manera de resolver el problema, pero recuerda que no cuenta con apoyos entre los legisladores republicanos para sacar adelante una medida en el Congreso.

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