Columbia, 23 ene (EFE).- Los mexicanos en Carolina del Sur están «confundidos» sobre las cláusulas que están vigentes de la ley de inmigración SB20 que entró en vigor el 1 de enero de 2012 por lo que activistas apuran campañas de información para aclarar dudas.

«Aquí, lo que reina es la confusión y la desinformación», comentó a Efe José Luis Cortez, de 44 años, quien asistió el sábado pasado a la primera jornada móvil del Consulado General de México en este estado que reunió a más de mil personas.

Según el mexicano, que se dedica a reparar llantas en un taller mecánico en West Columbia, los inmigrantes continúan temiendo encontrarse con la Policía, aunque saben que no pueden pedir los papeles por el bloqueo de algunas cláusulas de la legislación.

El juez federal Richard Gergel bloqueó 10 días antes de entrar en vigor tres de las partes más controvertidas de la SB20, entre la que se encontraba permitir a los agentes del deber cuestionar el estado migratorio de un detenido por otro delito.

Las otras previsiones bloqueadas se refieren a la criminalización del transporte o movilización de migrantes sin papeles, y el hecho de no portar documentos migratorios.

Sin embargo, sí entró en vigencia la previsión que castiga con cárcel a los falsificadores y vendedores de documentos de identidad falsos y obliga a las empresas a utilizar el E-Verify para comprobar que los empleados pueden trabajar legalmente en el país.

El 9 de enero, el mismo juez dictaminó que esperaría la decisión de la Corte Suprema para tomar un decisión sobre el futuro de la ley migratoria en Carolina del Sur.

En Carolina del Sur viven 138.338 mexicanos de un total de 235.000 hispanos, según cifras del Censo 2010.

La población hispana de este estado aumentó 147,9 por ciento durante la última década, la de mayor crecimiento en el país.

Para David Villaseca, de 37 años, lo más difícil de vivir en Carolina del Sur con la nueva ley es conseguir empleo, «ya que están revisando los papeles».

«Estoy desempleado actualmente y me da miedo ir a pedir trabajo. La vida aquí está muy difícil», afirmó el veracruzano, residente en el condado Lexington, al oeste del estado.

Asimismo, Nina Clemente, de 40 años y residente en Columbia desde 2009, agregó que la falta de información entre los mexicanos sobre la medida «complica» su vida diariamente.

«Muchos se han ido de Carolina del Sur antes de que comenzara la ley porque los empleadores comenzaron a utilizar el programa E-Verify. Aquí sabemos lo que es esa medida. No hay mucho trabajo por lo malo de la economía», acotó Clemente a Efe.

Por su parte, Jorge Hernández, de 26 años, que desde hace 8 años trabaja en el campo recogiendo maíz, tomate y otros cultivos en la zona de Sumter, en el centro, comentó que el ambiente en el sector agrícola también es de «incertidumbre».

«Sabemos que los granjeros nos necesitan y por eso no hay mucho temor por la ley, pero desconocemos lo que pueda pasar los próximos meses, si nos comienzan a revisar los documentos por la SB20», dijo Hernández, de Veracruz.

Mientras los mexicanos tramitaban documentos como la matrícula consular, pasaportes, registro de menores, se acercaban a la mesa del Área de Protección para buscar asistencia legal.

Según Margarita Medina, funcionaria del consulado, durante las jornadas móviles se aprovecha para informar sobre lo que está vigente en la ley.

«Hay mucha desinformación, los paisanos no conocen a ciencia cierta sus derechos y lo que pueden o no, por ello, dedicamos tiempo a explicarles y a pasar folletos informativos que hemos preparado», afirmó Medina a Efe.

Para el cónsul Carlos Flores Vizcarra, que dirige el Consulado General de México en Raleigh (Carolina del Norte), que abarca a Carolina del Sur, todavía no hay claridad sobre cómo la ley debe implementarse por las demandas pendientes y complicaciones jurídicas.

«Lo que nos hemos dedicado a hacer (consulado) es a mantener informados a los connacionales antes y después de la promulgación de la SB20 cada vez que realizamos jordanas consulares de este tipo en el estado», afirmó a Efe Flores Vizcarra.

«Sin embargo, hay que educar a los paisanos que deben tener un plan de acción, arreglar sus documentos, los de sus hijos, tramitar sus nacionalidades, poderes notariales para los bienes, en caso que suceda una deportación en la familia», enfatizó.

Líderes comunitarios como Laura Cahue, del Consejo de Liderazgo Hispano de Carolina del Sur, opinan que ahora el mayor reto para las organizaciones proinmigrantes es llevar a cabo una campaña informativa sobre la SB20.

«Mientras no haya una decisión final de la Corte Suprema, hay que estar atentos y educar a la comunidad, para que puedan defenderse y sobre todo, resaltar que deben evitar meterse en problema para no ser arrestados y deportados», acotó la mexicana. EFE