Phoenix, 15 feb (EFE).- El estado de Arizona se encuentra cada vez más cerca de establecer una milicia civil de 300 personas para la vigilancia de la frontera con México, iniciativa que preocupa a defensores de los derechos civiles en el estado.

La senadora estatal republicana Sylvia Allen, principal impulsora de la propuesta, sostiene que este es un tema relacionado con la seguridad pública de los residentes de Arizona y que es responsabilidad del legislativo responder a lo que calificó como una «crisis» generada por los carteles de la droga.

En caso de ser aprobada, la iniciativa SB1083 establecería la Unidad de Misiones Especiales de Arizona, la cual se encontraría bajo las órdenes del gobernador del estado y respondería a desastres naturales y apoyaría labores de seguridad en la frontera, otorgándoles inclusive el poder de perseguir y arrestar personas.

El año pasado la legislatura estatal otorgó la facultad a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de establecer una milicia civil, pero hasta el momento la mandataria no ha ordenado la ejecución de la misma.

La nueva propuesta también obligaría a la gobernadora nombrar a una persona que a cargo de la unidad especial y le da a esta persona el poder de reclutar voluntarios y oficiales.

También otorgaría 1,9 millones de dólares para su funcionamiento.

Allen considera que la milicia civil también ayudará a luchar en contra de grupos terroristas aunque no dio mayores explicaciones al respecto.

La propuesta fue aprobada el martes pasado por un comité del Senado estatal y se espera que sea analizada en los próximos días por el pleno de esa cámara.

La idea de una milicia civil en la frontera preocupa a activistas como Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, la cual calificó de «racista» y fuera de lugar la medida.

«El estado de Arizona enfrenta una fuerte crisis económica, falta dinero en las escuelas y estas personas (los legisladores) están pensando en dar más de un millón de dólares para una milicia civil», dijo García en entrevista con Efe.

La regulación requiere solamente 40 horas de entrenamiento en armas para los voluntarios, en comparación con las 500 que son requeridas para los agentes del orden.

Para la activista, las consecuencias serían «desastrosas» ya que teme posibles violaciones a los derechos civiles de los residentes de las comunidades fronterizas.

Asimismo, indicó que los agentes federales que vigilan la frontera reciben horas de entrenamiento y aun así se han dado casos en los que sus acciones han sido cuestionadas, sobre todo cuando han disparado en contra de inmigrantes indocumentados.

Esta no sería la primera vez que una milicia civil operaría en la frontera de Arizona, ya que en 2005 la Milicia Civil de los Minuteman acaparó la atención a nivel nacional por sus operativos de vigilancia, donde grupos de voluntarios reportaban a la Patrulla Fronteriza actividades sospechosas en el desierto.

El tema de la inmigración ilegal nuevamente está ocupando la atención del legislativo de Arizona, controlado por los republicanos, quienes también consideran una iniciativa de ley que obligaría a las escuelas a llevar un récord del número estudiantes indocumentados que están inscritos en ellas.

«Fue un paso importante destituir al senador estatal Russell Pearce, pero como vemos todavía nos falta mucho por hacer y luchar», dijo García.

Pearce fue el principal impulsor de la ley estatal SB1070, la primera en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados en EE.UU.

También impulsó leyes que actualmente se encuentran en vigor en Arizona como la que castiga a los negocios que contratan a indocumentados a sabiendas.

Pearce fue destituido el pasado mes de noviembre por los votantes durante una elección especial.