Los Ángeles, (EFE).- Ante la avalancha de casos de abuso sexual contra alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), organizaciones proinmigrantes y la comunidad piden respuestas de por qué pudieron pasar inadvertidos y qué se puede hacer para evitar que se repitan.

Con el arresto de Gabriela Cortez, una profesora de 42 años acusada de tener relaciones sexuales con dos estudiantes de la preparatoria Roosevelt anunciado Jueves, son siete las denuncias de abuso sexual en el último mes.

Los otros casos que involucran docentes fueron los de Mark Brendt, acusado de 23 delitos de abuso sexual contra menores y Martin Springer, acusado de tres casos de abuso, ambos de la escuela elemental Miramonte, que originó el escándalo.

También Alain Salas, ayudante de profesor en la preparatoria John C. Fremont; José Rosario Álvarez, asistente de atletismo de la preparatoria Francis Polytechnic; y George Hernández, acusado en el distrito escolar de Inglewood y quien tuvo tres investigaciones mientras era maestro sustituto en Los Ángeles.

Asimismo, Paul Adame, un empleado de limpieza de la escuela elemental Germain Street de Chatsworth, fue arrestado el 6 de febrero por supuestos actos lascivos con un estudiante.

«El meollo del problema es la falta de un sistema adecuado de revisión para un posible caso de abuso sexual o de cualquier otro peligro para los niños u otras personas vulnerables dentro del sistema escolar», dijo a Efe Jorge-Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

En varios de los casos los investigadores no encontraron suficiente evidencia, los procesos no continuaron y el distrito escolar no informó de estas investigaciones a la comisión estatal de certificación de credenciales de maestros.

«Si el sistema educativo al contratar a una persona que va a estar en contacto con niños o con otras personas en riesgo no hace la debida revisión del pasado de esta persona, la responsabilidad principal recae en el distrito escolar», afirmó Cabrera.

El superintendente de LAUSD, John Deasy, ha dicho que a partir de ahora todos los casos de investigaciones disciplinarias serán reportados inmediatamente a la comisión de certificación del estado.

Asimismo ordenó enviar o reenviar todos los casos correspondientes a investigaciones disciplinarias de los últimos cuatro años.

Deasy igualmente pidió que se estudie nuevamente el manual «Rompiendo el silencio», para concienciar sobre el abuso sexual dentro de LAUSD.

Niza Rodríguez, psicóloga educativa experta en familia, dijo a Efe que el problema refleja además una pérdida gradual de valores.

«Esta situación es consecuencia también de la laxitud que se vive en la escala de valores en nuestra sociedad y que está afectando la ética de algunos maestros», opinó Rodríguez.

Para la psicóloga, estos problemas «nos deberían llevar a encontrar formas para fortalecer los valores éticos y morales, especialmente entre quienes tienen la responsabilidad de guiar y ayudar a crecer a otros, como es el caso de los profesores».

También es necesario que se revisen los canales de comunicación en el hogar para asegurar que haya «suficiente confianza entre padres e hijos para hablar de situaciones en la escuela que puedan ser inadecuadas», recomendó la psicóloga.

Otro factor es la desconfianza para denunciar abusos, especialmente entre comunidades inmigrantes y pobres donde muchos son indocumentados, a pesar de que las autoridades han manifestado que protegerán a quienes denuncien los delitos.

«Hay una crisis de confianza con la policía pero en especial con el alguacil de Los Ángeles», aseguró Cabrera al referirse al apoyo del alguacil Lee Baca al programa Comunidades Seguras, una cooperación entre los agentes de inmigración y las autoridades policiales locales.

«Lo peor es que la víctima muchas veces es culpada de su propia desgracia y esto es trágico porque nos hemos convertido en una sociedad que le falta la capacidad para analizar por qué una víctima tiene que sufrir en silencio», finalizó el activista.

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