Denver, 20 mar (EFE).- Una nueva ley de Utah, aprobada este lunes por la legislatura local y enviada hoy al despacho del gobernador, regulará las actividades de «consultores de inmigración», obligando a quienes quieran ofrecer esos servicios a registrarse con el estado y a pasar por un chequeo de antecedentes policiales.
La ley SB144, impulsada por la senadora estatal Luz Robles (D-Salt Lake City) entrará en vigor el próximo 1 de julio y exigirá que aquellas personas que carecen de estudios en leyes cumplan con nuevas reglas para desempeñarse como «consultores» en temas migratorios, incluido el tener que firmar un contrato con sus clientes.
La nueva ley establece que el consultor no podrá ofrecer ningún tipo de ayuda en materia legal y deberá limitarse a ayudar al interesado a completar formularios federales o estatales, pero sin dar consejos sobre qué información se debe incluir en esos formularios.
Los consultores también podrán actuar como traductores entre el cliente y un abogado, podrán asegurarse que el cliente provea todos los documentos solicitados en los formularios de inmigración, y podrá enviar esos formularios ya completos a las agencias correspondientes, si el cliente así lo pide.
El contrato entre el consultor y el cliente debe estipular por anticipado la compensación requerida para cada uno de esos servicios. Ese contrato debe estar en inglés y en el idioma del cliente y éste puede rescindirlo dentro de las 72 horas de firmarlo.
El contrato también debe indicar en letra de tamaño normal que el consultor no es un abogado y debe incluir detalles de cómo y cuándo se procesarán cada uno de los formularios o documentos recibidos.
Sin embargo, antes de comenzar a trabajar, el consultor deberá registrarse con la División de Protección al Consumidor del Departamento de Comercio de Utah y dejar en esa repartición un depósito de 50.000 dólares. Además, deberá enviar sus huellas digitales a la Oficina de Identificación de Criminales de ese estado.
El consultor deberá tener carteles en su oficina explicando que allí no se ofrecen servicios legales y deberá incluir esa información en todos sus anuncios publicitarios.
Ninguno de esos requisitos se aplica a organizaciones no lucrativas que ofrecen servicios de consultoría en temas inmigratorios para la comunidad.
Durante el debate sobre SB144, Robles indicó que la nueva medida era necesaria para evitar que inmigrantes y refugiados sean víctimas de consultores inescrupulosos. Además, dijo, esta ley servirá para reducir los casos de robo de identidad de inmigrantes al implementar nuevas normas sobre la protección de documentos personales.
La División de Protección al Consumidor creará un sistema para recibir e investigar quejas y denuncias contra consultores que no cumplan con las nuevas normas.
