SAN DIEGO.- La Unión de Libertades Civiles de América, para los condados de San Diego y Valle Imperial, (ACLU), en voz de su director, Kevin Keenan, consideró que esta revisión debería hacerse por una agencia independiente y no por el personal de la ciudad.

El activista mostró, sin embargo, beneplácito de que el gerente de la ciudad, Clay Phillips “esté tomando seriamente la inquietud acerca del impropio programa de confiscación de vehículos en Escondido”.

Recientemente, la organización denunció que “los retenes y decomiso de vehículos impactan negativamente a las familias inmigrantes de bajos ingresos, negocios, y la comunidad de Escondido, en general”.

En un reporte recién liberado y el cual se intitula: “Wrong Turn: Escondido’s Checkpoints and Impound Practices Examined” (Erróneo Regreso: Examen de Prácticas de Retenes y Confiscaciones” (de automóviles).

La investigación mencionada analiza las motivaciones que parecen tener los líderes civiles y oficiales encargados de aplicación de la ley para instalar puntos de revisión y realizar prácticas confiscatorias.

Esto deja millones de dólares a las ciudades y amenza la traquilidad de los indocumentados y sus familias, sostiene el reporte.

La expresión ‘Wrong Turn”, indica, “se refiere al rápido incremento de las cuotas que se cobran por arrastre de los vehículos en Escondido y motiva preguntas acerca del cumplimiento de las leyes estatales. Mientras las ciudades de California han cambiado sus puntos de revisión y políticas de decomisos en respuesta a inquietudes acerca de la naturaleza intrusita e inefectiva de estas políticas, la ciudad de Escondido ha implementado una de los más extremos retenes, que se han convertido de hecho en puntos de revisión de inmigración.

Nueva encomienda

Por otra parte, activista Norma Chávez-Peterson fue nombrada como directora de Tareas Comunitarias y de Organización de American Civil Liberties Union (ACLU).

En una carta a la opinión pública, Chávez agredece “por nuestro trabajo juntos durante los últimos siete años, mientras yo servía como Director para la organización Justice Overcoming Boundaries (JOB)”.

Y agregó: “juntos nosotros trabajamos en la planeación de la mayor marcha en la historia de San Diego, organizada para empujar una reforma de inmigración integral y el Acta de Sueños (DREAM Act), que ayudó a que cerca de 3,000 inmigrantes aplicaran para la ciudadanía.

Recordó que personalmente le tocó colaborar “en numerosas acciones y eventos para contribuir al avance de una agenda de derechos humanos en nuestra región y ha sido parte de una movimiento nacional de derechos humanos”.

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