Washington, 25 abr (EFE).- La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo pareció inclinarse hoy a favor de una parte clave de la polémica ley SB1070 de Arizona, cuestionada por el Gobierno federal y muy polémica por convertir en delincuentes a los inmigrantes sin papeles.

La máxima instancia judicial del país celebró hoy una audiencia sobre el caso en la que el Gobierno aparentemente no «vendió» bien sus argumentos para revocarla.

De entrada, durante la audiencia, que se prolongó 30 minutos más de lo previsto, el abogado del Gobierno de Obama ante el Supremo, Donald Virilli, reconoció que el caso en contra de la SB1070 no tiene que ver con la posible discriminación étnica o racial de quienes parezcan extranjeros.

Aunque la audiencia repasó las cuatro cláusulas que han sido bloqueadas por los tribunales de menor instancia, los jueces centraron su atención en la que permite que la policía verifique el estatus migratorio de toda persona que sea detenida por alguna otra infracción y sobre la que albergue una «sospecha razonable» de que es indocumentada.

Virilli argumentó que sólo el Gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Pero la mayoría de los jueces conservadores, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el juez Antonin Scalia, parecieron apoyar la posición de Arizona de que la SB1070 sólo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal y deja en sus manos las deportaciones.

Para Roberts, la oposición del Gobierno de Washington a la SB1070 pareciera indicar que «simplemente no quiere saber quién está acá ilegalmente o no».

«¿El estado no tiene poder de cerrar sus fronteras a gente que no tiene derecho de estar allí? ¿Qué significa la soberanía, si no puedes defender tus fronteras?… un estado puede vigilar sus fronteras» según ha reconocido la Constitución, argumentó Scalia.

La jueza Sonia Sotomayor, la única latina en el Supremo, también acribilló a preguntas a ambas partes en el caso pero, alegando confusión, dejó entrever que Virilli no había logrado persuadirlos.

El argumento del Gobierno «no está vendido bien», observó Sotomayor.

Por su lado, el abogado de Arizona, Paul Clement, dijo que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar la inmigración ilegal y que estados como Arizona tienen derecho a asumir tareas migratorias.

Pero Verilli argumentó, entre otras cosas, que la SB1070 no sólo podría conducir a encarcelamientos masivos sino que podría afectar a las relaciones bilaterales con México.

Señaló que entre el 60 % y 70 % de las personas deportadas de EE.UU. lo son a México, país con el que EE.UU. busca una estrecha cooperación.

«¿Tenemos que aplicar nuestras leyes de una manera que satisfaga a México?», preguntó entonces de manera retórica Scalia, en uno de sus intercambios con Verilli.

En su dictamen el Supremo puede reafirmar la ley, revocarla o dejar en pie sólo algunas de sus partes.

Sólo ocho de los nueve magistrados participaron en la audiencia ya que la juez Elena Kagan se apartó en diciembre pasado del caso por su vínculo con el litigio de la SB1070 en su antiguo papel como abogada del Gobierno ante el Tribunal Supremo.

Al salir de la audiencia, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se mostró optimista de que ganará el caso y no descartó que la ley estatal abra la puerta al encarcelamiento masivo de los cerca de 400.000 indocumentados que se calcula viven en su estado.

Además de Brewer, la audiencia contó con la asistencia de funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, el autor de la SB1070 y ahora exsenador estatal republicano, Russell Pearce, y Kris Kobach, arquitecto de leyes contra la inmigración ilegal y prominente asesor del precandidato presidencial republicano Mitt Romney.

En paralelo, miles de activistas a lo largo de la zona de la frontera sur de EE.UU. y en las escalinatas del tribunal realizaron vigilias y protestas para exigir la revocación de la ley.

Militantes de la facción que favorece la SB1070, también se manifestaron frente al Tribunal Supremo, aunque en menores números.

Como parte de una «guerra de desgaste» contra los indocumentados, la SB1070 ha servido de modelo para leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, que también afrontan demandas y han sido bloqueadas.

Se prevé que el Tribunal Supremo emita su dictamen para finales de junio próximo, cinco meses antes de los comicios generales del próximo 6 de noviembre, en los que Obama se juega la reelección. EFE

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