WASHINGTON D.C.- El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha prometido que impulsará la reforma migratoria en un segundo mandato pero activistas proinmigrantes le reprochan que su Gobierno ha deportado a miles de personas que se hubiesen beneficiado de su promesa de 2008, hasta ahora incumplida.

En la que ha sido su declaración más directa sobre el asunto en los últimos meses, Obama dijo en una entrevista con la cadena Univisión el pasado fin de semana, con motivo de la VI Cumbre de las Américas, que impulsaría la reforma si gana la reelección en noviembre próximo.

“Puedo prometer que intentaré hacerlo en el primer año de mi segundo mandato. Quiero tratarlo este año”, dijo Obama, desde Cartagena (Colombia), en una entrevista en la que también remachó que la reforma requerirá apoyo bipartidista.

Obama sigue creyendo que, en el fondo, el reto de transformar el sistema migratorio de Estados Unidos es un asunto “muy sencillo”: “tengo una mayoría de demócratas que están listos para votar (por la reforma), y no tengo a ningún republicano”.

Con un mensaje claramente electoral, Obama dejó entrever que la única forma de propiciar el debate migratorio es a través de las urnas, para reconfigurar al Congreso -único con potestad de aprobar leyes- o presionar a los republicanos a que apoyen la reforma.

Según reconoció el mandatario estadounidense, para él es un asunto que va más allá del debate político y es un asunto “personal”.

En otra entrevista, con la cadena Telemundo, Obama destacó las posturas extremistas de los republicanos, a quienes incluso acusó de “hipocresía” al querer congraciarse con el electorado hispano mientras apoyan leyes de mano dura contra los indocumentados. Pero los republicanos, sobre todo la campaña del precandidato presidencial Mitt Romney, de inmediato han acusado a Obama de retomar el asunto de la reforma migratoria sólo cuando necesita el voto hispano.

Sólo que Romney tampoco puede “tirar la piedra y esconder la mano”, como reza el dicho, porque su campaña ha recibido asesoramiento en temas migratorios del secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, arquitecto de leyes contra la inmigración ilegal en Arizona y Alabama.

Como bloque electoral, los hispanos son un voto “bisagra” que nuevamente ayudará a definir la victoria o derrota de candidatos en ambos partidos.

Critican discrecionalidad en proceso de indocumentados

LOS ANGELES.- Por otra parte, en Los Angeles, grupos defensores de los inmigrantes y de los derechos humanos, políticos y varias oficinas legales expertas en inmigración, denunciaron hoy un gran atraso en los casos pendientes para deportación, así como una muy baja aplicación de la discreción procesal ordenada por el presidente Barack Obama.

La Comisión de Unidad Familiar de Los Ángeles, una agrupación de lideres comunitarios, legislativos y expertos en inmigración, denunció que hay más de 300.000 casos pendientes de deportación que no han sido resueltos, “constituyendo un enorme atraso procesal”.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA, en inglés), destacó que en Los Ángeles menos del 1 % de los casos resueltos ha recibido la discreción procesal, el alivio administrativo esperado para inmigrantes indocumentados que no constituyen una amenaza para la sociedad al no tener antecedentes delictivos graves.

“Ya basta. Parece que la (Oficina de Inmigración y Aduanas) ICE sigue evadiendo su responsabilidad y burlándose de la letra y espíritu de esta nueva regla migratoria. El resultado es que el 99 % de los casos que han sido evaluados, la gran mayoría con méritos, están siendo denegados”, afirmó Salas en conferencia de prensa.

La activista urgió a las autoridades a que “apliquen la política de discrecionalidad ordenada por el presidente Obama” y resuelvan favorablemente los casos de estas personas y sus familias ante las “astronómicas tasas de rechazo” que perjudican a la comunidad inmigrante.

La comisión -que cuenta con la asesoría de abogados expertos en inmigración- ofreció a las autoridades que trabajen en equipo con organizaciones de inmigrantes, sus familiares y sus abogados para agilizar los procesos y aplicar adecuadamente la discreción procesal.

Salas también denunció que en la primera mitad del 2011, ICE deportó a cerca de 47.000 padres de niños nacidos en EE.UU., calificándolo como una “aproximación cruel, irracional y antiestadounidense”.

“Cuando ICE abre un expediente y no encuentra suficientes datos, echa por la borda el futuro de una familia en un dos por tres. Necesitamos prevenir que eso pase”, concluyó Salas.

EFE

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