LOS ANGELES.- Familias de estudiantes de la escuela Miramonte, donde ocurrió recientemente un escándalo de abuso sexual contra alumnos, recibieron hoy orientación sobre sus derechos y su estatus, ya que muchos de ellos son inmigrantes indocumentados.
«Queremos respaldar a cerca de 50 padres que son parte de la investigación pero deseamos involucrar a más miembros de la comunidad», declaró a Efe Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
«Sabemos que hay muchos más que en un momento dado van a tener que enfrentar este tema de inmigración», agregó.
Durante la reunión organizada además por la Unión de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU-SC) y LA Voice-PICO estuvieron presentes varios abogados especialistas en inmigración que respondieron a las preguntas e inquietudes de los familiares de los estudiantes de la escuela Miramonte en Los Ángeles.
Uno de los temas que más preocupa a las familias de los niños que fueron víctimas de abuso es que, al declarar ante las autoridades, su condición de indocumentados salga a relucir y terminen enfrentando un proceso de deportación.
«El miedo de estos padres de ser deportados es real, no es inventado», dijo a Efe la abogada Jessica Domínguez, quien representa a varios de los padres en una demanda contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).
Insistió en que la única manera en que los padres indocumentados declararían ante las autoridades para la investigación es si se les garantiza que serán protegidos mediante la visa U, establecida para inmigrantes que son víctimas de crímenes.
«Si sirven como testigos en un juicio y demuestran que fueron afectados pueden ser acreedores de esta visa pero hasta el momento el alguacil de Los Ángeles no ha querido garantizar que se realizará el proceso correspondiente», informó Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.
En un comunicado enviado en respuesta a una solicitud de CHIRLA y otras organizaciones, el alguacil Lee Baca aseguró que «no preguntaremos sobre su estatus migratorio ni sobre el de nadie, y ninguna información será compartida con las autoridades de inmigración».
Baca también invitó a la comunidad a hacer denuncias anónimas a través de los sistemas de información telefónica o electrónica con que cuentan las autoridades. Sin embargo, muchos de los familiares de los niños no se sienten seguros y esperan que todo el trauma sufrido los lleve a calificar para la visa de residentes.
Por el caso de abuso de la Escuela Miramonte, el profesor Mark Berndt, de 61 años, está acusado de 23 delitos sexuales contra menores y se encuentra en la cárcel con una fianza de 23 millones de dólares.
Su audiencia preliminar ante un juez está programada para mañana.
También fue acusado de tres cargos Martin Springer, quien se declaró no culpable y salió de la cárcel el 10 de febrero tras pagar una fianza de 300.000 dólares y debe ahora utilizar un localizador electrónico.
Una audiencia preliminar en su caso está prevista para el 16 de mayo.
«Algo muy importante de este taller es que se reconoce que hay comunidades en Los Ángeles que no reciben la atención que se merecen y nosotros -de esta forma- estamos respondiendo a esa necesidad», concluyó Cabrera.
