El alguacil del condado de Maricopa en Arizona, Joe Arpaio, ha prometido pelear “hasta las últimas consecuencias” ahora que él y su oficina afrontan cargos del Departamento de Justicia por ensañarse contra los indocumentados, en un clásico ejemplo de absoluta intransigencia.

El jueves pasado, después de una investigación lanzada en 2008, el Departamento de Justicia finalmente presentó una demanda contra Arpaio, un alguacil caricaturesco que debe su ascendente popularidad a su incesante batalla contra los inmigrantes indocumentados en Arizona.

Fiel a su naturaleza y a su costumbre de hablar “sin pelos en la lengua”, Arpaio dejó en claro ese mismo día que no le teme a nada ni a nadie y, durante una rueda de prensa, prometió que peleará la demanda “hasta las últimas consecuencias”.

En ese sentido, la demanda sólo lo ha hecho crecer entre sus miles de seguidores en todo el país, que donde quiera que va lo reciben con ovaciones.

Villano o héroe, Arpaio generó numerosos titulares dentro y fuera de Estados Unidos por prácticas humillantes en las que obligaba a los indocumentados a usar calzoncillos color rosa o a pasar encerrados en carpas que hacían las veces de cárcel bajo el intenso calor arizonense.

Al parecer, a este “sheriff”, que ya lleva cinco términos en el cargo, poco o nada le importan ni las graves acusaciones de que ha abusado de su poder y violado la Constitución de Estados Unidos, ni el ramillete de problemas legales que afronta.

Además de la demanda del Departamento de Justicia, el alguacil del condado de Maricopa tendrá que comparecer ante un tribunal federal el próximo 19 de julio para responder a acusaciones de que sus agentes dirigían sus acciones policiales de forma selectiva y discriminatoria contra los latinos.

También es objeto, desde diciembre de 2009, de una investigación federal por presunto abuso de poder y por las irregularidades de su equipo especializado en el combate contra la corrupción pública.

Datos oficiales dan cuenta de que Arpaio tiene poco más de tres millones de dólares a su disposición para buscar la reelección en los comicios de noviembre próximo. Buena parte de las donaciones a su campaña provienen de partidarios de estados como California, Texas y Florida.

Desafiando a las autoridades federales, Arpaio ha asegurado que conseguirá la reelección porque, a su juicio, la gente en todo el país reclama una “mano dura” contra los indocumentados.

“Puedo conseguir la reelección con los calzoncillos rosa”, se ha regodeado Arpaio, convencido de que su oficina está haciendo lo correcto ante la inacción del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias del país.

La entrada en vigor de la ley SB1070 de Arizona, ahora ante el Tribunal Supremo de EE.UU., le dio licencia a Arpaio para aumentar las redadas contra los inmigrantes, en muchas ocasiones sin que éstos hubiesen cometido delito alguno.

Estados Unidos afronta un serio problema de inmigración ilegal, que ha crecido por la inacción del Congreso para reformar el sistema migratorio, pero eso no justifica la conducta de Arpaio.

A juzgar por las acusaciones formales, toda persona de piel trigueña o acento extranjero es sinónimo de delincuente, y el alguacil se ha salido con la suya atropellando sus derechos civiles.

Le ha llegado la hora de rendir cuentas y recibir su merecido porque la lista de agravios, según grupos proinmigrantes como America’s Voice, es larga.

La demanda del Departamento de Justicia debería servirle de lección para que, como funcionario público, sea el primero en dar el buen ejemplo. O al menos para frenar esa obsesión que tiene, casi patológica, contra los inmigrantes latinos.

Hasta ahora, Arpaio sólo ha demostrado que no cederá un ápice en su lucha campal contra los indocumentados, aunque ese empecinamiento le valga una sentencia carcelaria o una derrota en las urnas.

María Peña . EFE