CHICAGO- El Centro Nacional de Justicia Inmigrante de Chicago exigió hoy una disculpa de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y una investigación del Congreso por la detención equivocada y amenaza de deportación de una joven argentina.
Se trata del caso de Jordana Vera, quien según los abogados del centro es una estudiante elegible para beneficiarse con el Dream Act y fue encarcelada durante nueve meses sin causa, “y casi deportada sin ninguna evidencia”.
En respuesta a la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de dejar en libertad a Vera (el 11 de abril), y desestimar el caso en su contra a comienzos de este mes, el director de litigios del centro, Chuck Roth, dijo que el caso muestra un problema que se ve a menudo en el sistema migratorio.
“Ante la falta de evidencias para deportar a un individuo, el gobierno recibe el beneficio de la duda”, dijo en un comunicado.
Según lo informado por el centro, Jordana Vera tenía 12 años cuando sus padres la trajeron a Estados Unidos desde Argentina.
Ella no conocía los detalles de su ingreso y no pudo responder correctamente a Inmigración cuando fue detenida en julio de 2011 por agentes federales que llegaron a su domicilio en Nueva Jersey en busca de su hermano.
“Vera fue detenida e interrogada y el Gobierno ordenó su deportación sumaria sobre la base de que habría permanecido en EE.UU. más allá del plazo de permanencia concedido por el Programa de Dispensa de Visa (Visa Waiver Program)” vigente entonces con Argentina, dice el comunicado.
Por dicho programa, las personas dispensan antes de ingresar a los Estados Unidos el derecho de disputar la deportación en la corte en caso de problemas.
Según el centro, la joven no pudo argumentar su caso ante un juez de Inmigración, pero sí pudo apelar ante el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones.
Como resultado de una campaña realizada por el centro y el Consejo de Liderazgo Juvenil de Nueva York, Jordana Vera ganó la apelación porque el Gobierno admitió que la base de la deportación expedita “era totalmente injustificada y errónea”.
En su comunicado el centro afirma que aunque la deportación fue cancelada, ICE todavía no se ha disculpado.
“El Congreso debe investigar lo sucedido, porque al no presentar pruebas el Gobierno violó los derechos fundamentales del debido proceso”, agrega.
El centro reclama finalmente que el Congreso considere inconstitucional las provisiones del programa de Dispensa de Visa (VWP) que permiten la remoción sumaria de extranjeros. EFE

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