WASHINGTON.- La Administración Obama se ha fijado la meta de aumentar este año los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, mientras la prometida reforma del sistema migratorio permanece en el congelador.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha recibido órdenes de aumentar en cerca de un 25 % el número de equipos de agentes encargados de rastrear y expulsar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, por lo que pasarán de 104 a 129.

Eso significa que decenas de agentes de seguridad han abandonado ahora la comodidad de sus escritorios para lanzarse en la búsqueda de los extranjeros clandestinos, con el manifiesto objetivo de aumentar el número de deportaciones en todo el país.

La inmigración ilegal hacia Estados Unidos ha bajado considerablemente debido en parte a la crisis económica que atraviesa este país: las estadísticas demuestran, en general, un descenso en los cruces ilegales en la frontera con México.

Aún así, ICE aparentemente mantiene en pie su plan de aumentar las deportaciones, si bien sus detractores ahora insisten en que no lo hace por razones de seguridad nacional sino por razones electorales, en unos momentos en que el presidente Barack Obama se juega la reelección en los comicios del próximo 6 de noviembre.

Según ha indicado el diario “Los Angeles Times”, a cada uno de esos equipos de ICE se le ha impuesto la meta de arrestar a al menos 50 sospechosos cada mes, algo que la entidad federal ha negado rotundamente.

El diario citó un borrador del plan de ICE que advierte del “déficit” que afronta la agencia federal en el número de deportaciones de criminales en el año fiscal en curso y que, para resolverlo, recomendaba el uso de 300 agentes de la Patrulla Fronteriza.

La cifra hubiese quedado en 300 si no hubiese sido por las objeciones del sindicato de agentes fronterizos, que logró reducir a 150 el número de agentes del plan en ciernes.

Pero este plan, en todo caso, es un cuchillo de doble filo para Obama, tomando en cuenta el descontento general de los hispanos por el aumento de las deportaciones y la ausencia de una reforma migratoria integral.

Es una promesa que Obama hizo al electorado hispano en 2008 y que sigue sin cumplir.

Activistas de la comunidad hispana insisten en que Obama puede recurrir a una orden ejecutiva para evitar la deportación de personas con fuertes vínculos comunitarios y, por ende, la separación de las familias.

La Administración Obama siempre ha replicado que sólo se centra en la deportación de los indocumentados más peligrosos para la seguridad pública, o de los que tienen múltiples infracciones migratorias.

La solución a la inmigración ilegal, insiste Obama, puede venir únicamente de los corredores del Congreso.

Sólo que los congresistas, muchos de ellos con la mira puesta en la reelección, no quieren ensuciarse las manos con un asunto que, además de volátil, les brinda pocos réditos políticos.

Pero la activista mexicoamericana Dolores Huerta, que hoy mismo recibió la “Medalla de la Libertad” de manos de Obama, lo tiene muy claro: los latinos tienen que volver a las calles y movilizarse desde sus barrios para exigir la reforma migratoria que ha quedado en el olvido.

En una mesa redonda en la Casa Blanca con medios en español, entre ellos Efe, horas antes de recibir la condecoración, Huerta aseguró que la reforma migratoria “va a llegar” y que hay que continuar con el esfuerzo: “No podemos decir ya la perdimos, tenemos que seguir trabajando”.

“Tenemos que hacer el trabajo, porque no solamente nos podemos estar quejando”, sentenció Huerta, confiada de que, así como el activismo comunitario logró la amnistía de 1986, también se logrará la escurridiza reforma migratoria que Obama prometió en su primera campaña hacia la Casa Blanca.

Por María Peña.