La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha tenido que tirarle las orejas al estado de la Florida para intentar frenar una preocupante purga de votantes de su padrón electoral, que eventualmente negaría la participación de electores legítimos, especialmente hispanos, en los comicios de 2012.

El gobierno federal hizo la advertencia que el proceso de cotejar los listados del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados (DHSMV) con el Sistema de Registro de Votantes de Florida (FVRS) para descartar electores podría violar dos leyes fundamentales: el Acta de Derechos de los Votantes de 1964 y el Acta Nacional de Registro de Votantes de 1993.

La intranquilidad la consignó el Departamento de Justicia en una misiva, fechada el pasado 31 de mayo, que dirigió al secretario de Estado de Florida, Ken Detzner.

La respuesta de las autoridades floridanas ha sido la de desafiar a los federales y continuar con el procedimiento de escarbar los listados y decantarlos mediante un cedazo, que también organizaciones independientes de defensa de los votantes consideran cuestionable.

El gobierno federal ha sido tajante en señalar que es ilegal que los padrones electorales sean depurados 90 días antes de una elección y en el caso de la Florida se están violando los plazos con los comicios primarios que se realizarán el 14 de agosto.

No solo eso, sino que indagaciones realizadas por los diarios Miami Herald de Miami y The Tampa Bay Times, han mostrado que la purga ha afectado de manera desproporcionada a sufragantes latinos y votantes demócratas.

Un análisis del Herald halló, entre una lista de 2,600 votantes potenciales considerados por el estado como inelegibles, que cerca del 60% eran hispanos.

Los medios han develado que las autoridades electorales del condado de Miami-Dade, enviaron 1,570 cartas de advertencia a posibles sufragantes irregulares, de los cuales la tercera parte aclaró de forma expedita su condición de ciudadanos, con derecho innegable al voto.

Este lío lo inició el gobernador republicano de Florida, Rick Scott, quien le solicitó al encargado del sistema electoral estatal Kurt Browning, que depurara las listas para eliminar a los empadronados que no fueran ciudadanos.

De pronto se proyectó que 182 mil individuos estarían inscritos irregularmente en el listado de votantes de la Florida.

La cifra podría interpretarse como nimia en un universo de alrededor de 12 millones de votantes floridanos, pero cada voto es preciado en el estado que decidió las elecciones presidenciales de 2000 por apenas 537 votos, cuando el padrón también fue purgado.

Aberrante que la actual administración estatal floridana pretenda menguar el voto hispano con esta medida truculenta de la purga del listado electoral y más aun cuando los latinos son apenas 13% del electorado estatal.

Pero, lo de la Florida no es un caso aislado: los defensores del derecho al voto afirman que a través del país existe un movimiento dirigido a perjudicar la capacidad de sufragio de las minorías.

En 32 estados se ha propuesto legislación para que expidan y se presenten obligatoriamente identificaciones electorales con foto para sufragar, algo que no ha sido una tradición nacional.

Los oponentes a los proyectos sostienen que el objetivo de la normativa es excluir a afroamericanos e hispanos de los precintos electorales.

Indiscutiblemente, que cambiar las reglas del juego a última hora es ilegitimo. Sin embargo, para un inmigrante latinoamericano como yo, es difícil de entender que los requerimientos para inscripción de votantes y ejercer el derecho al sufragio sean tan laxos en este país.

Antes de ser ciudadano estadounidense, en las elecciones de mi país de origen, tenía que presentar la cédula de ciudadanía colombiana con mi foto y pintar uno de mis dedos con tinta indeleble, para evitar cualquier asomo de trampa.

Sé que la credencial de elector de México, que lleva foto, contiene 13 candados de seguridad.

En aras de la transparencia, para evitar problemas como los de Florida ¿acaso no sería conveniente aprender de los vecinos latinoamericanos?

Por Rafael Prieto Zartha