ESCONDIDO.- De 65 mil personas deportadas en California por las agencias policiacas fronterizas, más del 60 por ciento (45,000) no habían cometido delito alguno, como resultado “del programa mal llamado ‘Comunidades Seguras’ (con aproximadamente 2.5 años) y que ha tenido un resultado realmente lamentable para las comunidades migrantes”.

Ello lo denunció Adriana Jasso, coordinadora del Programa de American Friends Service Committee de San Diego AFSC), quien agregó que “hemos sido testigos de la separacion familiar una y otra vez gracias al sin fin de fondos que el gobierno federal a concentrado para asegurar que las personas sin documento sean identificadas, detenidas, procesadas y deportadas”.

Adelantó que la iniciativa de la Carta de la Confianza (Trust Act) “se presentará en los próximos días al Comité de Seguridad del Senado y es por esta razón que hemos trabajado con diferentes organizaciones a nivel estatal y regional para asegurar que las comunidades estén al tanto de un esfuerzo de ley que pudiera limitar el alcance y el daño que el programa de Comunidades Seguras ya han ocasionado”.

Jasso anticipó asimismo que por todo ésto vienen trabajando en coordinación con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes como California Immigrant Policy Center, Escondido Human Rights Committee, Equallity Alliance, Interfaith Community Services y San Diego Laborers and House Hold Workers Association.

Anticipó que AFSC, con el apoyo de estas organizaciones, llevará a cabo el próximo 25 de junio el Foro Comunitario denominado que lleva por nombre:: “Ending Unjust Detention & Deportations” (Alto a las Injustas Detenciones y Deportaciones).

Al hacer mención de la iniciativa llamada Acta de Confianza o “Trust Act: AB 1081) que se presentará al Senado y se destacan los esfuerzos para mantener a las familias unidas, la portavoz del Programa Voz de AFSC San Diego insistió en que es necesario que las comunidades migrantes “tomen acción para que se termine S-Comm (comunidades seguras) en San Diego”.

No han tenido respuesta

Víctima no sólo de esta separación familiar sino de abusos cometidos en operativos de uso desmedido de fuerza y armas letales, se encuentra la familia de Anastasio Hernández Rojas, quien falleciera después de una brutal golpiza y recibir descargas cerebrales con la llamada pistola ‘tasser’, sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta a su demanda de investigación.

En momentos en que consolaba a su madre, Luz Rojas, luego de una conferencia de prensa, el hermano de Anastasio, Martín Hernández dijo que lamentablemente el gobierno federal no ha dado ninguna respuesta a la exigencia de investigación de los hechos ocurridos la noche del 31 de mayo del 2010, y que le arrancó la vida a su ser querido.

Pese a todo, “tenemos una esperanza de que se investigue, porque no es justo que se esté encubriendo” este caso, dijo mientras afloraban las lágrimas de su madre y la evidente expresión de tristeza en la mirada de su padre.

Cabe hacer mención que Luz Rojas ya estuvo en Washington, D.C., reclamando justicia para su hijo Anastasio, pero ocurrido dos años del hecho, nada ha ocurrido y los agentes fronterizos que participaron en el mismo siguen bajo el velo de protección del Departamento de Seguridad Nacional.

Horacio Rentería

Ellatinoonline.com