SAN DIEGO.- Reacciones diversas de optimismo y pesimismo generó la resolución de la Suprema Corte respecto a la controversial Ley SB 1070 que otorga atribuciones a la policía de Arizona para arrestar, interrogar y detener temporalmente a inmigrantes.

De acuerdo con esa decisión, ello lo pueden hacer los oficiales de policía cuando tengan “una duda razonable” de que las personas se encuentran de forma ilegal en el país.

En respaldo al gobierno federal encabezado por Barack Obama, quien rechazó la iniciativa impulsada por la gobernadora Jan Brewer y luego convertida en ley por el gobierno arizonense, representantes de organizaciones activistas y los jefes de Policía de Chula Vista, David Bejarano, y de National City, Adolfo Gonsalez, acudieron a una expresión realizada en la explanada oeste del edificio de la Administración del Condado de San Diego.

Aunque entre los asistentes al evento figuraba el nombre del jefe de la Policía de San Diego, William Lansdowne, éste no asistió, por razones desconocidas, ni envió representante.

American Friends Service Committee (AFSC), una organización religiosa de amigos disidente fundada por quáqueros ingleses, sostiene que si bien esta resolución mantiene el control exclusivo del gobierno federal sobre las políticas de inmigración; “sin embargo, también sostiene “la atroz consigna de “show me your papers” (muéstrame tus papeles), la cual en su implementación implícita apoya el perfil racial”.

En este sentido, Pedro Ríos, director de AFSC San Diego dijo que “la resolución legal desafortunadamente sostiene la peor parte del espíritu de la ley, aunque hubiera modificado otras secciones. En efecto, esto significa que hablar con acento, ser una persona de color –o de cualquier otra forma de perfil racial- puede desencadenar una profunda violación de los derechos humanos”.

“Lo peor es que esta decisión menosprecia la fibra moral de la Constitución de Estados Unidos, y puede ser usada por otros estados para impulsar leyes que también fomenten el perfil racial”, advirtió Pedro Rios, de AFSC local.

Linda Arreola, de Diócesis Católica de San Diego, recordó que los inmigrantes indocumentados siempre han sido víctimas de las políticas migratorias, por su condición de indocumentados. Esto a pesar, dijo, de su importante contribución a la economía del país, y recordó que la Iglesia Católica en Estados Unidos ha demandado que se legisle una reforma migratoria integral, en busca de respeto a sus derechos humanos.

Por su lado, el jefe de la Policía de Chula Vista, David Bejarano, recordó que “las leyes basadas en perfil racial contradicen nuestros valores y menosprecian nuestros esfuerzos para proteger y servir a la comunidad”.

En el mismo sentido se pronunció el regidor Todd Gloria quien consideró como contradictorio que en un país formado por inmigrantes se promuevan leyes como la SB-1070, y recordó que su abuelo es un hombre de color, y en lo personal le dejó un gran ejemplo.

Mientras Evan McLaughlin destacó la ayuda que la inmigración tiene para la economía, Laurie Coskie, religioso Rabino, advirtió acerca de los riesgos de impulsar leyes que representan, dijo, un retroceso para la sociedad.

En tanto, Imam Wali Fardan, de la organización Interfaith recordó que el espíritu de las leyes estadounidenses se fundamentan “en los valores de inclusión e integración”, Andrea Guerrero, de Inmigrations Rights Community, aconsejó que se vean las cosas con prudencia y cautela, “y no permitamos que esta resolución nos cause pánico”.

Horacio Rentería

Ellatinoonline.com