Phoenix (Arizona), (EFE).- Después de varios años de espera comenzó en la Corte Federal en Phoenix el juicio en contra del la Oficina del alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, por prácticas de perfil racial en contra de conductores hispanos.

El primero en testificar fue el profesor en criminología de la Universidad de Tempe, Ralph Taylor, quien revisó la información de más de 100.000 detenciones de trafico hechas por los oficiales de Arpaio entre enero de 2007 y noviembre de 2009.

El analista concluyó que los conductores hispanos tienen entre un 30 a un 40 por ciento más de probabilidades de que sus nombres sean verificados por los oficiales que cualquier otro grupo.

Esta cifra se incrementó en un 50 por ciento cuando Arpaio llevaba a cabo sus operaciones contra el crimen o contra de la inmigración ilegal.

Durante su testimonio, Taylor aseguró además que las detenciones de los conductores hispanos también duran más tiempo que las de cualquier otro grupo.

Estas estadísticas son clave para el caso de los demandantes, quienes pretenden demostrar un patrón de prácticas de perfil racial en contra de hispanos por parte de la oficina del alguacil.

Tom Liddy, uno de los abogados que representa a la oficina de Arpaio, dijo que Taylor solamente analizó las detenciones donde el conductor se encontraba en el reporte del oficial y que el analista excluyó las detenciones donde al final se encontraron drogas o se determinó una violación por manejar bajo la influencia del alcohol.

Al principio del juicio, el juez federal G. Murray Snow dijo a los abogados de ambas partes que su decisión del caso estará basada en los hechos como están ahora y no cuando la demanda fue presentada en 2007.

Por su parte, Stanley Young, abogado que representa a los demandantes dijo que el objetivo principal de la demanda no es impedir la aplicación de las leyes de inmigración, sino que las acciones de la oficina del Alguacil Arpaio se apeguen a la Constitución de EE.UU.

La demanda interpuesta por una coalición de organizaciones, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), representa a cinco demandantes de origen hispano, todos ellos ciudadanos o residentes legales de este país.

Los demandantes aseguran que sus derechos civiles fueron violados por oficiales de Arpaio al detenerlos solamente por su apariencia física.

El caso comenzó en octubre de 2007 con la detención de Manuel de Jesús Ortega, quien viajaba como pasajero en una camioneta cuando esta fue detenida por agentes de Arpaio.

El inmigrante mexicano, residente legal de EE.UU, fue detenido durante nueve horas hasta que su estatus migratorio fue verificado.

Los demandantes no están solicitando ningún tipo de compensación monetaria, sino que se detengan estas operaciones discriminatorias en contra de conductores hispanos y que un observador independiente vigile las operaciones del alguacil.

En sus argumentos, Tim Casey, abogado que también representa al alguacil Arpaio, dijo que los demandantes fueron detenidos en tres diferentes detenciones de tráfico.

Aseguro que ninguna de las detenciones se hizo durante operativos en contra del crimen o en contra de la inmigración ilegal.

«Los operativos de la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa se enfocan solamente en el crimen, se aplican todas las leyes sean populares o no», dijo Casey, que agregó que la raza o la etnia de los detenidos no influye durante los operativos.

Arpaio enfrenta una segunda demanda por prácticas de perfil racial en contra de hispanos después que el pasado mes de mayo el Departamento de Justicia federal lo demandara por este motivo.

Se espera que el juicio se reanude el próximo martes.

El alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio. EFE/Archivo

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