WASHINGTON.- Una coalición de grupos cívicos lanzó esta semana en Washington una campaña nacional para ayudar a miles de estudiantes indocumentados a evitar la deportación mediante el proceso conocido como “acción diferida”, a partir del próximo 15 de agosto.

La idea de la campaña, según explicaron los activistas durante una rueda de prensa, es ayudar a los beneficiarios a solicitar una suspensión de su deportación y permisos de trabajo temporal, tal como lo indicó una directriz anunciada por el presidente Barack Obama el pasado 15 de junio.

Desde el anuncio de junio pasado, “hemos trabajado contrarreloj para construir una infraestructura sólida y extensa para que los ‘Dreamers’ y todas nuestras comunidades tengan información precisa y ayuda fiable para solicitar la acción diferida”, explicó Cristina Jiménez, directora gerente de “United We Dream”, uno de entre una veintena de grupos que componen la coalición.

La campaña se suma a los esfuerzos que líderes demócratas del Congreso y grupos afines en todo el país están realizando en sus propias comunidades para ayudar a los estudiantes indocumentados a conseguir el permiso renovable de dos años, para que éstos puedan completar sus estudios y acceder a empleos.

Aunque se desconoce la cifra exacta de cuántos y quiénes recibirán el alivio migratorio, el Centro para Política Migratoria (IPC) calcula que 1,39 millones de estudiantes indocumentados podrán beneficiarse, mientras que, hoy mismo, el Instituto de Política Migratoria (MIP) puso la cifra en hasta 1,76 millones, en base a los criterios detallados la semana pasada.

La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) comenzará a aceptar las solicitudes el próximo 15 de agosto y, al igual que los activistas pro-inmigrantes, ha advertido a los estudiantes a que no se dejen engañar por notarios corruptos o abogados que quieran cobrarles una suma exorbitante por sus servicios.

Es la misma advertencia que hizo hoy, en un foro del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés), la directora del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz.

“Queremos asegurarnos de que la gente esté armada con la información que necesita, para que no sean víctimas” del timo o de personas no autorizadas para ejercer la ley, dijo Muñoz.

Diversos grupos comunitarios y nacionales han anunciado esfuerzos para ofrecer ayuda legal gratuita a los beneficiarios de este alivio migratorio que, aunque no les concede un estatus legal, les permitirá conseguir permiso de trabajo, licencia de conducir y una cédula de identidad oficial.

Este proceso no ofrece la posibilidad de apelación si el caso es denegado, y requiere que cada solicitante se inscriba con el Gobierno, por lo que es “importante que cada persona obtenga buena asesoría legal de un abogado acreditado”, advirtió Crystal Williams, directora ejecutiva de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA, en inglés).

Para acceder al programa, los jóvenes tendrán que presentar pruebas de sus estudios o de su graduación de secundaria, o equivalente; pruebas de que son menores de 31 años de edad y que llegaron a EE.UU antes de cumplir los 16 años; llevar al menos cinco años de estancia en el país, no tener antecedentes penales y hacer un pago de 465 dólares para el proceso.

También tendrán que someterse a una extensa revisión de sus antecedentes por lo que quienes hayan cometido, por ejemplo, delitos graves, quedarán eliminados del programa temporal.

Los activistas señalaron que la “acción diferida” es un importante primer paso para ayudar a estudiantes que han echado raíces en este país y que merecen que, en última instancia, el Congreso apruebe el “Dream Act” para su eventual legalización permanente.

EFE