Tucson (Arizona).- Varios responsables policiales de Arizona reconocen su preocupación ante la posibilidad de que se presenten demandas contra sus departamentos ante la próxima aplicación de la cláusula «muestra tus papeles».
«Podemos ser demandados por ambas partes, por aquellos que no crean que estamos aplicando la ley y de otros que crean que estamos violando derechos civiles al hacerlo», dijo a Efe Roberto Villaseñor, jefe del Departamento de Policía de Tucson (TPD).
La sección 2(b) de la controvertida ley, que obliga a los policías a cuestionar el estatus migratorio de los detenidos, podría entrar en vigor la próxima semana después que la juez federal Susan Bolton diera un plazo de 10 días al estado y el Departamento de Justicia para pedir que se levante el bloqueo vigente desde 2010.
Bolton rechazó el pasado miércoles una petición de un segundo bloqueo de la medida, con lo que allanó el camino para que la cláusula «muestra tus papeles» entre en vigor en los próximos días, después de que en junio pasado el Tribunal Supremo fallase a favor de mantener con vida la sección 2(b).
«Esta legislación convierte en una obligación de los policías cuestionar el estatus migratorio. Antes el agente contaba con la opción de hacerlo o no, dependiendo del caso», explicó Villaseñor.
La nueva regulación fue calificada por la misma gobernadora de Arizona, Jan Brewer, como «el corazón» de la SB1070 al obligar a todos los policías en el estado a cuestionar el estatus migratorio.
La sección 2(b) pone de esta forma a los departamentos policiales en la mira, ya que otorga el derecho a cualquier ciudadano de demandar a una agencia policial por creer que no están aplicando esta regulación.
Por contra, las personas que sospechen que han sido víctimas de perfil racial o que sus derechos fueron violados al aplicar esta regulación también tienen este derecho.
«Los policías están entrenados para reconocer un comportamiento, no personas», dijo a Efe el alguacil del Condado Pima, Clarence Dupnik.
En su opinión, esta regulación obliga a los departamentos policiales a establecer un «perfil», pero sin basarse en el grupo étnico o en la apariencia física de una persona.
«Esta regulación sin duda nos hará la vida más difícil y pone a los oficiales en una situación muy difícil», dijo Dupnik.
Para intentar paliar posibles problemas, Villaseñor indicó que los oficiales en el TUPD recibirán una guía sobre cómo debe ser aplicada esta medida, tan pronto entre en vigor.
El jefe de policía explicó que ésta será aplicada «caso por caso», ya que, aseguró, no existirá un solo «motivo» por el cual a una persona se le cuestionará su estatus migratorio, pero reconoció que no tener una licencia de conducir del estado o una identificación oficial de Arizona podría ser una «causa».
Villaseñor indicó que actualmente trabajan con la Patrulla Fronteriza para establecer una línea local para poder contactar a esta agencia federal cuando sea necesario.
Por su parte, el controvertido alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, dijo que sus agentes están «listos» para aplicar esta nueva regulación en cuanto entre en vigor.
«Esto no es algo nuevo para nosotros. Los oficiales han sido entrenados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para aplicar leyes migratorias», dijo a Efe Arpaio, que espera el veredicto de un juicio en su contra por acusaciones de prácticas de perfil racial en contra de conductores hispanos.
Aarpaio aseguró que sus hombres están entrenados para «identificar» a indocumentados y entregarlos a Inmigración y reiteró que sus agentes no aplican el perfil racial al momento de poner en práctica la ley.
Roberto Villaseñor, jefe de la Policía de la ciudad de Tucson (Arizona). EFE/archivo
