WASHINGTON, D.C.- Alrededor de 1.7 de los 4.4 millones de estudiantes inmigrantes indocumentados de 30 años y menos podrían beneficiarse del nuevo programa Acción Diferida anunciado el 15 de junio pasado por la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano,

De acuerdo con un reciente estudio efectuado por Pew Hispanic Center, sin embargo, hay 320 mil estudiantes adicionales en el país que eventualmente podrían acogerse al beneficio otorgado por la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, pero que no tienen su diploma de preparatoria (high school) o no se encuentran inscritos en una escuela.

De los 1.7 millones mencionados, alrededor del 85% de los jóvenes indocumentados elegibles para este nuevo programa, son latinos, revela el estudio. Este porcentaje, considera Pew Hispanic Center, es mayor comparado al 77% de los hispanos respecto a los 11.2 millones de inmigrante3s indocumentados que se estima hay en Estados Unidos.

Para el centro de investigación lo importante para estos jóvenes estudiantes es que esta medida –al que miles de escolares ya se están acogiendo al haber llenado solicitudes en los centros que operan para ese fin- es que evitan la deportación, aunque sea de manera temporal, y se motivan para continuar estudiando.

La investigación recuerda que la factibilidad de evitar ser deportados para los próximos dos años y poder trabajar y estudiar, no obstante, no los otorga o confiere estatus migratorio, ya que no otorga “ningún camino hacia la residencia permanente o ciudadanía”, de acuerdo al manual de elegibilidad actualizado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional el 3 de agosto de este año.

En el estudio firmado por los investigadores de Pew Hispanic Center Jeffrey Passel y Marka Hugo López, se indica asimismo que los estudiantes beneficiados por las nuevas reglas de deportación serán aquellos que cumplan con los requisitos específicos.

Estos requisitos ya han sido suficientemente difundidos, precisan, pero se resumen en cuatro: residencia continua verificable con documentos desde el 15 de junio del 2007; que los mismos se encontraran físicamente presentes en el país hasta el 15 de junio del 2012; que se encuentren inscritos en una escuela, y cuenten con diploma de High School o GED, y que no hayan sido convictos de un delito grave ‘felony’, una ofensa menor (misdemeanor) significante, y no representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

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