«En los últimos cuatro años ha habido una mayor atención en el sector de la salud en Estados Unidos, pero sobre todo una mayor inversión en el sector más marginado, que son aquellas personas que no tienen acceso a un seguro médico y a un tratamiento de calidad».

Así lo explica Alicia Wilson, directora de la Clínica del Pueblo, uno de los centros comunitarios que asiste en Washington de manera gratuita a personas de origen hispano.

Expertos y profesionales del sector coinciden en destacar las ventajas entre las minorías de la reforma sanitaria impulsada por el presidente, Barack Obama, y otras medidas de su Gobierno en este ámbito.

Es precisamente la comunidad hispana una de las que más se ha beneficiado y, sobre todo, se beneficiará por la implementación de la denominada Ley de Cuidado Asequible, que ha modificado los parámetros de acceso a la sanidad con la vocación de ampliar la cobertura sanitaria a millones de personas que se encontraban en un limbo por falta de seguro.

«La voluntad de esta ley es de cambiar el sistema de salud de Estados Unidos muy radicalmente. Quizás no tanto como me gustaría, pero bastante radicalmente para este país, cambiando el enfoque de los especialistas, apostando por el cuidado preventivo y la atención primaria», explicó a Efe la directora del centro comunitario.

La reforma busca ampliar la cobertura médica y reducir los costos de salud mediante un conjunto de medidas que obligan a personas sin seguro a contratarlo y a las aseguradoras a extender sus servicios, al tiempo que se amplía el programa público Medicaid, destinado a las personas sin recursos.

Sin embargo, la nueva ley sanitaria ha causado una tremenda controversia y llegó a ser recurrida ante el Tribunal Supremo, que finalmente consideró constitucional la esencia de la legislación, lo que dio un espaldarazo clave, en este año electoral, a una de las apuestas más arriesgadas del Gobierno demócrata.

LAS LUCES Y LAS SOMBRAS

Los dos primeros años de aplicación de la ley han evidenciado las bondades de la reforma pero también sus carencias, que para los sectores más conservadores radican, directamente, en su formulación original.

Israel Ortega, portavoz hispano de la Fundación Heritage, el mayor centro de pensamiento conservador del país, advierte de que «si el gobierno crece y la burocracia crece, todo va a ser más caro y además va a complicar mucho más las cosas».

«Es por eso que si nos concentramos en cómo ayudar a la gente que más lo necesita pero a nivel local o estatal, siempre será mejor. (…) Muchos en la izquierda quieren aún más. Un plan universal, o una opción nada más. Y muchos hispanos se están dejando llevar por esta forma de pensar, pero no se dan cuenta de que puede haber otras formas mucho más baratas y mejores», asegura.

Además, los más críticos temen que la reforma sanitaria aumente un déficit federal ya de por sí sobredimensionado, que baje la calidad de la atención sanitaria y que reduzca los esfuerzos en innovación y desarrollo por la menor competencia entre compañías del sector.

Pero el hecho de que los hispanos, como dice Ortega, «se dejen llevar por esta tendencia», tiene su explicación en los datos, y es que casi el 30 por ciento de los latinos en Estados Unidos no tenía hasta ahora seguro de salud, y será la comunidad más beneficiada por la reforma, por delante incluso de los afroamericanos.

El 51 por ciento de los latinos apoya la ley sanitaria, frente al 21 por ciento que se opone a ella, según una encuesta publicada en julio.

«La mayoría de los latinos apoyan la reforma de salud. Están de acuerdo con el concepto del Gobierno y del papel de éste para proveer servicios a la comunidad en general. Si (Mitt) Romney sale presidente, saben que va a haber esfuerzos para eliminar partes de la reforma», insiste Vanesa Cárdenas, portavoz hispana del centro de pensamiento progresista Center for American Progress.

La postura del candidato republicano a la presidencia siempre ha planteado la revocación de la ley, o al menos algunas de sus partes más esenciales, pero según explica la directora de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos, Elena Ríos, no plantea un sólido plan alternativo.

«Los republicanos, como el gobernador Romney, están contra la reforma sanitaria, así que quieren algo diferente. Pero no sabemos qué quieren. Si van a parar la ley, tienen que tener algo más, porque las compañías de seguros y los ciudadanos están interesados en avanzar en esta materia», sostiene.

RETOS Y CONSECUENCIAS

«Obviamente, la ley no es perfecta», admite la progresista Cárdenas, que asegura que la norma requerirá medidas complementarias para solucionar algunas de las supuestas carencias.

«¿Qué va a pasar con los indocumentados?», pregunta. «A largo plazo, necesitamos una reforma de inmigración para que ellos también puedan verse beneficiados de esta ley sanitaria».

Los inmigrantes en situación irregular son una de las máximas preocupaciones de los activistas y profesionales del sector, no sólo porque continúan sin seguro médico, sino porque su estatus irregular quedará más expuesto ante las autoridades migratorias.

En el centro comunitario La Clínica del Pueblo estudian estos días cómo mantener el anonimato de los pacientes indocumentados para evitar que ir al médico aumente su riesgo de deportación.

«No tendrán seguro y se podrá ver cada vez más a la gente sin seguro como una prueba para detectar a los indocumentados», justifica desde su despacho en la clínica.

MEDICINA DE BARRIO

Otra asignatura pendiente es el refuerzo de los centros de atención primaria: «Hay que estar preparados ante el aumento de pacientes que se derivará de la ley; va a haber muchos cambios hasta 2014», año en el que la ley prevé completar su implementación, asegura Wilson.

Los centros comunitarios, como éste situado en un barrio de la capital con una alta concentración de población latina, elogian las inversiones que ha realizado el Gobierno de Obama en medicina primaria, tanto antes de la reforma como después.

Pese a ello, consideran que la apuesta sobre el papel tiene que materializarse en los próximos años: faltan médicos generalistas para satisfacer la creciente demanda, doctores que traten con los problemas específicos de los hispanos -como la obesidad y la diabetes- y profesionales que dominen el español.

Los menores de 26 años y las familias con bajos ingresos han sido, por ahora, los primeros en experimentar los cambios en la sanidad estadounidense, aunque los próximos años serán claves para comprobar su impacto en la sociedad.

Un resultado que dependerá, sin duda, de si el próximo 6 de noviembre gana las elecciones presidenciales el padre político de esta reforma, Barack Obama, o uno de sus fervientes críticos, el republicano Mitt Romney.

EFE

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