Nueva York, 8 ene (EFE).- Una juez de la corte federal en Manhattan ordenó hoy que se ponga fin «inmediatamente» a la práctica «inconstitucional» de la Policía de detener a personas inocentes en áreas públicas frente a edificios privados en El Bronx, un condado de Nueva York de mayoría latina.

La orden preliminar de la jueza Shira A. Scheindlin, como parte de una demanda colectiva, señaló además que por años la policía de Nueva York ha sabido o debería haber sabido que sus agentes violaban rutinariamente derechos constitucionales a través del programa Pasillos Limpios, que se puso en marcha en la ciudad en 1991.

Sin embargo, según la jueza, el Departamento de la Policía no entrenó adecuadamente a sus oficiales sobre cómo detener legalmente a alguien en casos de traspaso, por lo que la práctica (de detener frente a los edificios) ha crecido «a niveles de deliberada indiferencia».

«La decisión de hoy es un gran paso hacia el desmantelamiento del régimen de la policía de detener y registrar» personas, dijo en comunicado de prensa Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

Agregó que el programa Pasillos Limpios ha colocado a muchos neoyorquinos, en su mayoría negros y latinos, bajo vigilancia en sus propios hogares en miles de edificios de apartamentos.

«Este agresivo ataque a los derechos constitucionales de la gente debe ser detenido», reiteró Lieberman.

La decisión surge como parte de una demanda colectiva presentada en marzo de 2012 por ACLU, Justicia Latina (Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y Educativa), Defensores de El Bronx y la firma Shearman & Sterling contra el programa Pasillos Limpios, que le permite a la policía patrullar dentro y fuera de ciertos edificios privados.

La demanda se presentó a nombre de residentes de edificios de apartamentos privados que tienen el programa Pasillos Limpios y de otros individuos que han sido detenidos y arrestados por cargos de traspaso bajo esa iniciativa. Habrá una audiencia del caso el próximo marzo.

Este programa comenzó en 1991 en la ciudad con el propósito de combatir la actividad ilegal en edificios de apartamentos, especialmente en áreas de alta incidencia criminal.

El programa permite a los policías inspeccionar piso por piso los edificios y detener, interrogar, revisar y arrestar individuos.

En El Bronx, hasta la fecha, 3.261 edificios de apartamentos se han registrado en este programa, cifra que en toda la ciudad ascendía a 8.032 edificios el pasado julio, según el comunicado.

«La evidencia presentada en la audiencia de numerosas detenciones ilegales fortalece la conclusión de que el incorrecto entrenamiento ha enseñado a los policías la siguiente lección: detenga y pregunte primero, sospeche después», señaló la jueza Scheindlin.

El abogado Juan Cartagena, presidente de la organización Justicia Latina, destacó que las comunidades hispana y afroamericana tienen algo que celebrar hoy «al reconocer la jueza algo que hace tiempo saben: que la policía detiene rutinariamente gente de color sin fundamento, como hemos demostrado».

«Ahora hemos comenzado el proceso de poner fin a esta práctica ilegal para que los neoyorquinos, sin importar su color, se sientan libres de caminar las calles de su ciudad sin el constante miedo de ser detenidos sin ninguna causa», agregó.

La práctica declarada hoy inconstitucional «es parte de un patrón de detenciones inconstitucionales en todos los condados que ha perturbado por más de una década la vida de los neoyorquinos, particularmente negros y latinos», señaló por su parte Vincent Warren, director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales.

El presidente del condado de Manhattan, Scott Stringer, también aplaudió la decisión de Scheindlin y agregó que detener y requisar «puede ser una herramienta útil, pero no cuando enajena a comunidades y es usada de forma inconstitucional».

«Hago un llamado a la policía a revisar y reformar estas políticas», agregó Stringer.