Washington, 15 ene (EFE).- El presidente, Barack Obama, mantiene su compromiso con una reforma migratoria integral en 2013, año crucial para esa meta, pero sus aliados dentro y fuera del Congreso no parecen tener un «Plan B» en caso de que ésta no salga a flote.
Desde el Congreso, tanto demócratas como republicanos reconocen que la búsqueda de una solución a la inmigración ilegal en Estados Unidos es un imperativo moral, económico y político pero, más allá de pronunciar «principios» y buena voluntad, no existe aún un proyecto de ley en sí para una reforma migratoria.
Para los congresistas pro reforma y sus aliados, ésta debe incluir una vía hacia la legalización de los 11 millones de indocumentados, medidas para resguardar la seguridad fronteriza y para regular los futuros flujos migratorios, entre otros elementos.
Algunos líderes republicanos del Congreso prefieren sopesar medidas migratorias descafeinadas, en vez del «paquete» integral que favorece la Casa Blanca.
Por ahora, no existe ningún proyecto de ley de reforma, ni de alcance amplio ni reducido.
Tomando en cuenta las elecciones legislativas de 2014, en la que muchos legisladores se juegan la reelección en ambas cámaras del Congreso, está claro que 2013 será la oportunidad de oro que tengan para poner en marcha esa ansiada reforma.
El Congreso tiene ante sí una serie de retos que compiten en el calendario legislativo, como el control de armas o los recortes fiscales pero, según activistas, la reforma migratoria se acerca a un momento de «ahora o nunca».
Pero el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, consideró esta semana en Washington que el Congreso bien puede abordar más de un asunto a la vez y la reforma migratoria debe seguir siendo la máxima prioridad.
Preguntado sobre si existe un «Plan B» en el caso de que no haya consenso en el Congreso sobre el tema, Villaraigosa insistió en que prefiere concentrarse en el «Plan A».
Es la misma respuesta que se percibe de la Administración Obama, que ha dejado en claro que, si no es un plan integral, no aceptará soluciones a medias por parte de la oposición republicana.
Este año comienza con una serie de factores que, tras la derrota de los republicanos en los comicios presidenciales de noviembre pasado, convergen a favor de la reforma: la economía está creciendo, la inmigración ilegal ha bajado y el Gobierno ha gastado más recursos que nunca en la seguridad fronteriza.
Además, el senador Marco Rubio, una estrella ascendente del Partido Republicano, ha dicho que apoya un conjunto de «principios» migratorios bastante similares a los demócratas, incluyendo la ampliación de visas para extranjeros altamente cualificados y un sistema de verificación de empleos.
Si Rubio logra persuadir a otros republicanos en el Senado de que apoyen esos principios, eso aumentaría las posibilidades de éxito de una reforma este año.
Por su parte, varios grupos pro reforma, entre ellos el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU, en inglés), han prometido continuar su militancia en 2013 a favor de la legalización de los indocumentados.
En vísperas de la investidura de Obama para un segundo mandato, líderes del sector privado, agencias policiales y de la comunidad de fe han convocado una rueda de prensa en Washington el próximo jueves para seguir presionando al Congreso para que apruebe la reforma migratoria este año.
Entre esos líderes se encuentra el exsecretario de Comercio de EE.UU. bajo la presidencia del republicano George W. Bush, Carlos Gutiérrez, quien ha aconsejado a su partido enmendar la marcha o arriesgarse a seguir perdiendo apoyo entre los latinos.
El lunes, durante la última rueda de prensa de su primer mandato, Obama reiteró su compromiso con una reforma migratoria, y en una rueda de prensa del pasado 14 de noviembre, tras ganar la reelección, dijo que la promovería poco después de su investidura.
Falta ver que, más allá de las buenas intenciones, el Congreso someta a debate y votación un proyecto de ley para la reforma migratoria, y lo haga pronto.
