Washington, (EFE).- Sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores migrantes denunciaron ante un panel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la «explotación sistemática» de la que, a su juicio, son objeto los trabajadores temporales en EE.UU., la mayoría de ellos hispanos.
Según los peticionarios, estos empleados que acuden estacionariamente a EE.UU. para realizar trabajos en todo tipo de sectores, desde la agricultura a las ferias ambulantes, sufren violaciones de sus derechos «a la libertad y seguridad personal, a un trabajo digno y bien remunerado y a la no discriminación por origen».
«La explotación es sistemática. Se trata de una situación de esclavitud legal en la que los derechos humanos de los trabajadores son constantemente violados», indicó en la audiencia ante los comisionados de la CIDH Elizabeth Freed, portavoz de Transnational Legal Clinics, un organismo dependiente de la Universidad de Pennsylvania.
Freed apuntó que entre el 70 y el 80 % de estos trabajadores vienen de México y que, en muchos casos, «no se les paga la cantidad pactada», lo que lleva a varios de ellos a la ruina económica, pues a su vez tienen que endeudarse para hacer frente a los gastos derivados del desplazamiento y la contratación.
Según una encuesta del Centro de los Derechos del Migrante -que también se personó como parte de los peticionarios-, de entre 220 trabajadores reclutados en México con visas H-2 (el visado propio de los empleados temporales, tanto agrícolas como de otros sectores), el 52 % «jamás vio un contrato por escrito».
Además, el 58 % de ellos fue obligado a pagar una «tasa» por el reclutamiento -algo ilegal- y el 57 % tuvo que endeudarse con su familia, amigos o entidades financieras para poder pagar los gastos previos a la contratación (trámites del visado, viaje, «tasas» a los reclutadores, etc.).
«El Gobierno debe perseguir a quienes cobran tasas a estos trabajadores para venir a trabajar aquí», sentenció la abogada del Centro de los Derechos del Migrante Sarah Rempel, quien indicó que la media de lo que los trabajadores temporales han pagado en concepto de tasas a sus reclutadores desde 2009 se sitúa en 600 dólares.
Por su parte, el Gobierno estadounidense acudió a la audiencia en la CIDH con una delegación formada por representantes de los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Trabajo, quienes, pese a admitir «irregularidades» en la situación, aseguraron estar trabajando para acabar con ellas.
«En los últimos cuatro años, hemos contratado a más de 3.000 nuevos investigadores para detectar, entre otras, este tipo de irregularidades, muchos de ellos bilingües», explicó el funcionario del Departamento de Trabajo Michael Hancock.
Desde el Departamento de Estado, el funcionario Patrick Welsh aseguró que se emplaza a las embajadas y consulados estadounidenses a informar a los trabajadores acerca de sus derechos cuando son reclutados y garantizó que seguirán «trabajando duro para terminar con estas explotaciones, puesto que aún queda trabajo por hacer».
La audiencia contó también con el testigo a través de un vídeo del mexicano Leonardo Cortés, natural de Zacatecas y quien ha realizado trabajos temporales durante más de seis años montando, operando y desmontando atracciones y casetas de las ferias ambulantes de EE.UU.
«Primero nos dijeron que ganaríamos entre 7,5 y 8 dólares por hora. Sin embargo, una vez con la visa, la cantidad cambió a 500 dólares por quincena. Finalmente, cobramos 240 dólares por 17 días de trabajo», explicó.
«La jornada empezaba a las 8 con la limpieza de las instalaciones de la feria, disponíamos de un descanso a las 2 para comer y, luego, a las 4 de la tarde se ponían en marcha las atracciones, de modo que ya no parábamos hasta la una de la madrugada», relató Cortés.
«Los trabajadores que denuncian estos abusos son despedidos y tienen problemas para volver a ser contratados en EE.UU.», concluyó la abogada del Centro por los Derechos del Migrante.
