EL PASO (TX).- Un total de 53 mexicanos están condenados a muerte en Estados Unidos, aunque los que más posibilidades tienen de ser ejecutados son los 13 sentenciados en Texas, dijeron asociaciones de derechos humanos en El Paso.

El Senado de México pidió esta semana a la Cancillería un informe sobre el número y situación de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos y que explique qué está haciendo para auxiliarlos legalmente.

El senador David Monreal, impulsor de la solicitud, señaló que varios defensores de derechos humanos han expresado su temor de que se desate una “oleada de ejecuciones” de mexicanos en Estados Unidos, aunque no precisó en qué se basa dicha preocupación.

De acuerdo con la abogada Sandra Babcock, quien ha encabezado la lucha por salvar la vida de mexicanos condenados a la pena de muerte a solicitud del gobierno mexicano.

Babcock destaca que la defensa de 51 de los 53 mexicanos condenados a morir en el país, se basa en una resolución de marzo de 2004 de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, conocido como “Fallo Avena”, por la que se ordena a los estados revisar los casos de estos condenados a quienes no se les informó al momento de ser detenidos de su derecho a contactar al consulado de su país.

Tanto la abogada Babcock, quien representó a México en el litigio, como la organización de Gran Bretaña Reprieve defienden que la notificación consular puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un reo extranjero.

El investigador privado Richard Reyna, que ha participado en la defensa de condenados a muerte mexicanos, establece que un extranjero que desconoce el sistema judicial de Estados Unidos no está preparado para defenderse en corte, y por lo tanto es más susceptible recibir penas más duras.

“Tras el Fallo Avena, la mayoría de los estados detuvieron la ejecución de mexicanos. Sin embargo, el gobernador de Texas, Rick Perry, advirtió que Texas es un estado que se rige por sus propias leyes y que no aceptaría la intervención internacional”, agregó Reyna.

En 2011, el estado de Texas ejecutó al mexicano Humberto Leal, también mencionado en el Fallo Avena. Días antes de su ejecución exembajadores y exmilitares de Estados Unidos, la Unión Europea, el gobierno de España y México pedían la suspensión de la ejecución para revisión del caso.

Los solicitantes alegaban que Estados Unidos no podía exigir el cumplimiento de la notificación en sus ciudadanos militares o visitantes en países extranjeros, si no respetaba los de los extranjeros en su territorio.

Leal fue condenado a muerte por la violación y asesinato de una joven de 16 años en 1994 en San Antonio.

En Estados Unidos, 17 estados han abolido la pena capital. El último que se sumó al grupo fue Connecticut en abril de 2012. Maryland está a punto de prohibirla, una vez que el gobernador promulgue la iniciativa aprobada por el Legislativo estatal.

Por ahora no hay ningún mexicano con fecha para ser ejecutado en el país.

EFE

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