Empleando ‘recursos’ como información distorsionada, coerción y decepción, oficiales de la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) y el U.S. Inmigration and Customs Enforcement (Inmigración y Aduanas, ICE).

Elementos de estas agencias, se señala en una demanda interpuesta el martes 4 de junio por la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) ante la corte federal de Los Ángeles han presionado a cientos, “si no a miles de mexicanos con raíces profundas en los Estados Unidos, violándoles sus derechos a ser escuchados y vivir aquí legalmente”.

El juicio interpuesto se conoce como Lopez-Venegas vs. Napolitano y alega que es una práctica regular la intimidación por parte de los agentes.

El proceso se denomina formalmente “salida voluntaria”, pero con frecuencia resulta en la renuncia involuntaria a los derechos básicos del debido proceso. Si una persona firma su salida voluntaria, inmediatamente renuncia a su derecho a una audiencia ante un juez de inmigración y usualmente es deportada a México en unas cuantas horas.

“Es inescrupuloso que los agentes de inmigración perpetuamente dejen de informarle a quienes tienen mucho que perder que existe una consecuencia directa y certera de acogerse a la salida voluntaria”, dijo Sean Riordan, abogado de la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial.

La demanda colectiva interpuesta por la ACLU de California, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y Cooley LLP cita la experiencia de siete demandantes, todos sin antecedentes criminales y la mayoría de los cuales fueron abordados por los oficiales de inmigración mientras realizaban sus actividades diarias, tales como esperar por el autobús.

“Todas estas personas tienen familiares cercanos en los Estados Unidos y pudieron haber obtenido una dispensa de expulsión a través de juzgado o de los programas del Departamento de Seguridad Nacional, pero los oficiales de inmigración les mal informaron las consecuencias y los presionaron a firmar sus propios documentos de deportación”, se indica.

En el mismo sentido, se cumplieron tres años de la muerte del inmigrante mexicano Anastasio Hernández y familiares y simpatizantes efectuaron una manifestación sobre el nuevo puente peatonal de la garita de Otay y en el sitio en el que los agentes emplearon uso de fuerza desmedida y ‘tasser’, que le costó la vida.

Para reforzar estas acciones, una amplia delegación de los cuatro estados del sur del sur de la frontera de Estados Unidos frontera están en Washington DC esta semana “para continuar elevando las voces de las comunidades fronterizas y proponer enmiendas a la sección 1 Título de la Banda de ley de reforma del 8 de inmigración”.

“Las modificaciones que se proponen a los miembros del Congreso por el grupo se excluyen las zonas urbanas de las operaciones de control fronterizo, proteger las libertades civiles, los agentes fronterizos equipar con cámaras de solapa, y mitigar muertes en la frontera”, se indicó..

En el contingente se encuentran Christian Ramírez, de la Coalición de Comunidades Frontera Sur, Vicki Gaubeca (ACLU Nuevo México), Mike Wilson (Border Action Network, Arizona), Martha Sánchez (Red Equal Voice, Texas), Shena Gutiérrez (esposa de José Gutiérrez quien fue golpeado por agentes fronterizos), Cynthia Vargas (dueño de negocio de Texas), Rev. Madison Shockley (Pilgrim Iglesia Unida de Cristo Pastor, California), la Hermana María Teresa Téllez (Hermanas de la Asunción Chaparral, Nuevo México) y otros.

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