WASHINGTON.- Un grupo de expertos en cuestiones laborales y de inmigración coincidió en destacar la mejora que la propuesta de reforma migratoria del Senado supone para los trabajadores migrantes en EE.UU., al aportar “transparencia” en la contratación y exigir “responsabilidades” a los empleadores.

El proyecto del Senado, que empezará a debatirse en el pleno de la cámara alta, aporta, según estos expertos, soluciones pragmáticas a una realidad que actualmente debe lidiar con problemas como el fraude, la discriminación, coerciones económicas “de gravedad”, amenazas y represalias.

“Uno de los aspectos más positivos de la propuesta es que exige mucha más transparencia en términos de, por ejemplo, quién es el reclutador, en qué consiste el trabajo para el que se recluta o cuáles son las condiciones laborales”, indicó en una conferencia telefónica Patricia Pittman, profesora de la Universidad George Washington.

Los trabajadores migrantes, muchos de ellos hispanos, se desplazan a EE.UU. para realizar trabajos en todo tipo de sectores, desde la agricultura y el sector doméstico a las ferias ambulantes, y deben hacer frente en muchas ocasiones a “abusos” por parte tanto del reclutador -quien les ofrece el empleo en su país de origen- como del empleador -quien les da trabajo en EE.UU.-.

“Los empleadores en EE.UU. confían sin más en reclutadores en el país de origen que muchas veces cargan tasas abusivas a los trabajadores”, denunció Bruce Goldstein, presidente de la organización sin ánimo de lucro Farmworker Justice, dedicada a la defensa de los trabajadores migrantes agrícolas.

“Hasta ahora se ha hecho muy poco desde el Gobierno para detener estos abusos, y una de las consecuencias es que muchos empleadores prefieren contratar a trabajadores migrantes antes que a ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales”, lamentó Goldstein, para quien la situación de los migrantes perjudica al conjunto de trabajadores.

La propuesta del Senado contempla crear, entre otras cosas, un registro público de reclutadores extranjeros con sus respectivos historiales, por lo que se obligaría a los empleadores a cerciorarse de que el reclutador no ha cometido abusos antes de proceder a la contratación de sus servicios.

Además, se exige que las ofertas de empleo en el exterior vayan acompañadas de información fiable con respecto a las condiciones del trabajo, la identidad de empleador y reclutador, y una lista pormenorizada de los gastos a los que, durante el proceso, deberá hacer frente el empleado (visado, posibles tasas, transporte, etc.).

“Todas estas son medidas protectoras significativas. Para quienes no las cumplan, el proyecto contempla procesos administrativos y civiles, por los que se podría exigir hasta 10.000 dólares de multa al empleador por violaciones del contrato”, subrayó Dan McNeil, director asociado del departamento legal de la Federación de profesores de EE.UU.

La conferencia telefónica de contó con el testigo en primera persona de Kahlnn Lee, un joven de Malasia con visado temporal J-1 quien trabajó para una popular cadena de comida rápida en EE.UU., donde tuvo que realizar “muchas horas extra” que jamás le fueron compensadas.

El proyecto presentado en el Senado pretende terminar con este tipo de prácticas al incrementar las exigencias de “responsabilidad” a los empleadores, mediante la creación de un proceso administrativo que facilitaría la presentación de quejas por parte de los empleados, lo que podría derivar en una investigación de las autoridades.

Además, la propuesta pretende prohibir explícitamente cualquier tasa que se haga pagar al empleado, y pretende terminar con la discriminación y las represalias a los trabajadores por parte tanto del empleador como del reclutador.

“Son muchos los empleados que vienen a EE.UU. de forma legal, con todos los documentos en regla, y son igualmente víctimas del tráfico de personas”, apuntó la especialista en migración y tráfico de personas del centro “Solidarity”, Neha Misra, quien, junto al resto de expertos, deseó que las medidas que propone el texto encuentren “un amplio respaldo” no sólo en el Senado, sino también en la Cámara de Representantes.