San Diego (CA), (EFE).- Jóvenes indocumentados y familias que han sufrido alguna deportación se unieron en San Diego para iniciar una caravana hacia Sacramento y exigir al gobernador de California, Jerry Brown, que apruebe la iniciativa conocida como Acta de Confianza.

De aprobarse el Acta de Confianza se frenaría la colaboración entre dependencias policiacas e Inmigración, evitando la deportación de inmigrantes que no han cometido delitos graves.

El movimiento que culminará el próximo 2 de julio, día en que dicho proyecto de ley será sometido a votación, comenzó a las afueras del Departamento de Policía en Escondido, corporación policiaca que colabora directamente con Inmigración.

Adriana Jasso, representante de la organización Comité de Amigos Americanos en San Diego, denunció que dicha ciudad del condado de San Diego es la única a nivel nacional que tiene acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

«Este departamento tiene entre diez y doce oficiales de ICE trabajando directamente con Escondido», denunció la activista.

Dicho acuerdo, conocido como Esfuerzo Conjunto, afecta a las vidas de jóvenes indocumentados, demandaron los manifestantes.

La protesta se alargó por espacio de una hora, tiempo en el cual jóvenes cerraron el acceso al Departamento de Policía, compartieron sus experiencias y exigieron ser escuchados.

La estudiante Alejandra Ramos señaló que Esfuerzo Conjunto es una «violación a los derechos civiles y humanos de los miembros de la comunidad de Escondido» y que es necesario «el Acta de Confianza a nivel nacional».

Durante el trayecto, denominado «Caravana de indocumentados para retornar la confianza a las familias de California», se incorporarán estudiantes, trabajadores y miembros de la comunidad de otras ciudades como Fresno, Los Ángeles u Orange.

La joven María Rodríguez, parte de la Coalición de Jóvenes Inmigrantes de San Diego, señaló que el objetivo es que el gobernador escuche las necesidades de la comunidad y detenga las «deportaciones injustas».

El tío de Rodríguez fue deportado bajo el programa de Comunidades Seguras, que revisa las huellas dactilares de todos los detenidos y coteja los datos con las bases de datos de ICE y del Buró de Investigación Federal (FBI).

«Mis primos ya no tienen padre y su madre ha sufrido para hacerse cargo», comentó la joven, que aseguró que la comunidad inmigrante ha estado «bajo ataque por muchos años».

Por su parte, Olga Muñoz, madre de tres hijas ciudadanas norteamericanas, señaló que su esposo se encuentra recluido en un centro de detención desde hace diez meses tras ser arrestado por carecer de licencia de conducir.

«Yo quiero que ya lo suelten. Mi esposo es un buen hombre», declaró con lágrimas en los ojos la mujer, que aseguró estar desempleada y que está gastando los ahorros en abogados.

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, una de las organizaciones que encabezan la caravana, destacó que es momento de que el gobernador se defina si apoyará a las autoridades federales o a las comunidades.

«Este año tiene que firmar el Acta de Confianza», demandó. «El gobernador tiene la responsabilidad de proteger a la gente de nuestro estado, tiene que decidir si se va aliar con ICE o quienes estamos en esta caravana».

Activistas y jóvenes denunciaron que, mientras se debate en el Congreso la aprobación de una reforma de migración, alrededor de 1.500 personas son deportadas a nivel nacional.