SAN DIEGO.- La propuesta de reforma migratoria aprobada por el Senado por 68 votos a 32, “ofrece mucho menos de lo que debería, y lo hace a costa de sacrificar la calidad de vida de todos los residentes de Estados Unidos”.

Dichas consideraciones las hizo el Comité de Servicios de los Amigos de América (AFSC, por sus siglas en inglés), en medio de un escenario considerado como poco optimista.

Lo peor, para expertos de esa organización defensora de los derechos humanos de los inmigrantes, es que la iniciativa aún no ha pasado por la garita más difícil, la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, y que muy probablemente buscarían agregarle ‘miles de candados’, pues sería improbable acepten el contenido del texto tal y como ahora se encuentra.

Aunque se ha anticipado que los meses de julio y agosto serán de debates y duras negociaciones entre los legisladores y la Casa Blanca.

Adriana Jasso, directora interina de AFSC San Diego calificó la decisión del senado estadounidense de aumentar de 20 mil a 40 mil efectivos como una “determinación realmente devastadora para la comunidad fronteriza”.

La activista destacó la gruesa agenda de abusos –varios de los cuales han significado la muerte de los inmigrantes- que han sido recogidos y denunciadas por las organizaciones de derechos humanos, y que aún se encuentran sin respuesta.

“Si bien la propuesta de ley incluye un estrecho camino hacia la ciudadanía para algunos inmigrantes, y avanza algo en relación a algunos derechos laborales, el no sólo reproduce sino que en buena medida extiende muchas de las fallidas políticas de inmigración”, sostiene un reporte difundido por la AFSC a nivel nacional.

“Eso la hace estar muy lejos”, prosigue, “de las reformas justas y humanas que han demandado las comunidades de inmigrantes y grupos de fe, laborales y de derechos de los inmigrantes”.

Adriana Jasso acepta que “la propuesta del Senado hace posible que alguna de las personas indocumentadas que están viviendo en Estados Unidos entren en un camino hacia la legalización, pero no acabará con el cruel y costoso sistema de detención y deportación”.

La también coordinadora de comunidades en AFSC San Diego dijo que “además da inversiones gigantescas para la militarización de la frontera, lo que significa miles de millones de dólares para los contratistas de defensa y más crisis en ambos lados de la frontera”.

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