SAN DIEGO.- La creciente presión de algunos legisladores que siguen insistiendo en que las comunidades fronterizas se debe militarizar primero antes de aprobar una legislación “que reforme el injusto sistema de inmigración ha aumentado las tensiones en las comunidades fronterizas”.
Ello lo sostiene un reporte de la organización activista Alliance San Diego que indica que en “los últimos meses los residentes fronterizos han estado trabajando duro para asegurar que la Administración y el Congreso protejan la calidad de vida de casi 15 millones de personas que viven en la frontera sur”.
Con un presupuesto de más de $ 12 mil millones, de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP ), agrega, “es la mayor agencia del orden público en el país. Sus agentes se otorgan facultades de ejecución extraordinarias, de detener personas sin ningún tipo de sospecha de irregularidades para entrar a la propiedad privada sin una orden judicial” .
Por ello, una delegación de los estados de California y Arizona, presidido por Juanita Molina, directora ejecutiva de Acción Fronteriza, se reunió el martes 25 de marzo con el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.
Los activistas que forman parte de una coalición de organizaciones fronterizas plantearon al funcionario cuatro puntos:
1.- Garantizar la supervisión y la rendición de cuentas, un grupo de trabajo de supervisión permanente que incluya a representantes de las comunidades fronterizas y la sociedad civil deben establecerse correctamente . El grupo de trabajo debe abordar de manera integral la supervisión de seguridad fronteriza, con poder de citar a los agentes”.
2.- Asegúrarse de que las luces de rescate se proporcionan en la frontera y se requiere que los agentes de la patrulla fronteriza de usar cámaras de solapa, pues se estima que más de 400 migrantes mueren tratando de cruzar la frontera cada año .
3.- Asegúrese de que los agentes de la patrulla fronteriza tienen una formación adecuada , incluida la capacitación en el uso de la fuerza. CBP debe actualizar su utilización de las normas de la fuerza y garantizar que todos los agentes estén debidamente capacitados para proteger mejor los derechos constitucionales de los residentes de la frontera .
“Revertir 100 millas jurisdicción del poder de las autoridades de la patrulla fronteriza . CBP tiene la autoridad operacional para patrullar a menos de 100 kilómetros de cualquier frontera terrestre o del mar , y de entrar en la tierra privada a 25 millas de una frontera . Esta amplia zona de operaciones ha permitido CBP para ejercer jurisdicción más allá de su misión relacionados con la frontera y se ha traducido posteriormente en innumerables violaciones de los derechos civiles de los residentes de Estados Unidos dentro de esta zona“.
“Estos poderes irrestrictos acompañado de los recursos excesivos de la CBP han dado lugar a un patrón y práctica de abuso de los derechos de los residentes de la frontera”, indica el reporte.
Christian Ramírez, director de Derechos Humanos para Alliance San Diego, avaló el reporte y dijo que esta es demanda es producto del trabajo de investigación que por más de 3 años han venido realizando en esta frontera.
Coincide ACLU San Diego
Una postura similar fue expresada por American Civil Liberties Union of San Diego & Imperial Counties (ACLU) , que urgió al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, a que haga público un informe en el que se le solicita correcciones en la conducta de algunos agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).
El informe fue elaborado y emitido en febrero del 2013 por el Foro Ejecutivo de Investigación de prácticas Policiacas (Police Executive Research Forum, PERF), pero hasta ahora CBP no ha dado respuesta a las recomendaciones que le plantean.
ACLU, San Diego e Imperial County concluye que independientemente de que la Secretaría de Seguridad Nacional (Homeland Security) y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no hayan dado respuesta a su solicitud, “el uso de la fuerza por agentes de la Patrulla Fronteriza es a menudo excesiva y arbitraria”.
Sostiene asimismo que “el Informe fue encargado (por la propia) CBP y del 2010, a la fecha en que el informe fue divulgado (principios del 2013), “28 personas habían muerto en enfrentamientos con la Patrulla Fronteriza”.
“Es Importante destacar que El Informe parece plantear ¿tienes dudas? sobre las prácticas de la Patrulla Fronteriza que ponen En peligro innecesariamente a agentes federales y transeúntes inocentes”, se afirma en una postura expresada por ACLU.
Y precisa: “entre otras recomendaciones, PERF aconsejo CBP capacitar a los agentes en lugar de enfrentarse a los autos en movimiento y rocas”.
Cabe recordar que por muchos años se ha dado un debate ‘de piedras contra rocas’ entre los agentes fronterizos y el público, que no pueden enfrentar sin que haya una respuesta de su parte, pues ponen en riesgo su vida.
Conviene recordar que el pasado 6 de marzo en respuesta a las críticas por el uso excesivo de fuerza letal, Michael Fisher, jefe de la Patrulla Fronteriza, afirmó que ha puesto en marcha restricciones en esa política buscando reducir incidentes fronterizos.
La oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) respondió que “mantendrá sin cambios su política sobre el uso de fuerza”.
Horacio Rentería
Ellatinoonline.com
