PHOENIX, ARIZONA.- El caso del estado de Arizona contra los colegios comunitarios que otorgan colegiaturas a residentes a “soñadores”, llegó a la corte sin emitir ninguna decisión sobre el costo que pagarán los jóvenes indocumentados por su educación superior.
Los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos ante el juez Arthur Anderson de la Suprema Corte de Justicia del condado Maricopa, quien no dictó ninguna decisión, poniendo el futuro de los soñadores en juego.
“Es justo que los soñadores paguen matriculas residenciales en Arizona, porque cumplen con todos los requisitos, han pagado impuestos por muchos años y ahora también tienen una residencia legal gracias al programa de Acción Diferida”, dijo hoy a Efe Dulce Matuz, cofundadora del la Coalición del Acta Sueño.
Según la activista no existe ningún motivo o razón “lógica” por la que se trate de manera diferente.
En el 2014 el entonces ex procurador de Justicia del estado de Arizona, Tom Horne, presentó una demanda contra los Colegios Comunitarios de Maricopa en Phoenix, por otorgar colegiaturas como residentes a estudiantes indocumentados con un número de Seguro Social, gracias a la Acción Diferida.
El estado de Arizona argumenta que esto es una violación a una ley estatal aprobada en el 2006, que niega este beneficio a estudiantes indocumentados, sin importar cuantos años tengan viviendo en Arizona o si se han graduado de escuelas secundarias locales.
“Los votantes del estado de Arizona aprobaron con un 70 por ciento de votos la propuesta 300, los votantes fueron claros en este tema”, dijo el actual procurador de Arizona, Mark Brnovich, en un mensaje enviado a Efe.
El juez Anderson deberá decidir si la protección legal que otorga el DACA a los jóvenes indocumentados es suficiente para considerar que tienen una “residencia” legal en Estados Unidos.
Según Brnovich esto no es así, ya que asegura que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha sido claro al indicar que el DACA no otorga una “residencia” a los beneficiarios.
Al igual que en otra demanda interpuesta por los soñadores en contra del estado de Arizona, por negarles licencias de conducir, el procurador indicó que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito también fue clara al dictaminar que los beneficiarios de DACA no cuentan con un estatus “formal” de inmigración.
El procurador de justicia, quien tomó su puesto el pasado mes de enero y quien ahora continua el litigio legal, consideró que este beneficio solo lo puede otorgar el Congreso de Estados Unidos.
“Creo que el estado no está interpretando las cosas como son, no se les puede quitar el derecho a una educación a los soñadores, por el simple hecho de que no estés de acuerdo”, dijo Matuz en rechazo a los argumentos presentados hoy por el estado.
En su opinión Arizona desea seguir tratando a los soñadores como “indocumentados” y no quiere reconocer que tienen una presencia legal otorgada por el Gobierno Federal.
“Es un argumento irracional, ilógico, incongruente que no tiene una base legal, el estado puede tener su propia opinión, pero no puede manufacturar hechos, no puede cambiar la realidad”, enfatizó la activista.
Un grupo de jóvenes soñadores llegarán hasta la corte vistiendo sus togas de graduación para pedir al juez que les permita seguir con sus estudios superiores.
Los jóvenes están convencidos de que este caso podría determinar el futuro de la educación superior para todos aquellos que cuentan con DACA ya que aunque la demanda solo es en contra de los Colegios Comunitarios de Maricopa, otros colegios y universidades están siguiendo el tema muy de cerca. El juez puede tomar días o semanas para tomar una decisión sobre el caso. (EFEUSA).
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