SAN DIEGO.- “Lo vivimos, como familia, en carne propia y no puedes digerirlo…pero ahí están y ahí los tienen en sus manos, ellos saben; sólo les pedimos que sean transparentes y sinceros”.

María Puga, Viuda del migrante Anastasio Hernández Rojas, se refiere a los 13 agentes que tomaron parte en el incidente en este último perdió la vida, víctima de la muerte cerebral causada por una arma taser.

El arresto, con claros procedimientos de tortura, parecen incuestionables en el video tomado por un joven la noche del 28 de mayo del 2010, pero la resolución del juez y de la Oficina del Inspector General, no pareció tomarla como evidencia clara de lo ocurrido.

De hecho la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional “no encontró pruebas concluyentes de que los agentes hubieran quebrantado la ley”, y en cambio, ofreció “mejorar sus sistemas de entrenamiento”.

En reporte intitulado “Utilización de Fuerzas de Entrenamiento y Acciones para Abordar Incidentes con Uso de Fuerza”, la agencia fronteriza recomendó “trabajar con agencias para identificar cada caso de alegato de uso de fuerza en donde se involucre a un agente fronterizo”.

Pero cuando faltan escasos 2 meses y 3 semanas para que se conmemore el sexto aniversario de su muerte, María reconoce que hasta ahora “no se han visto grandes cambios y el año pasado sin ningún caso positivo, sin tener algún cambio favorable en su política”.

No obstante, Puga sostiene que pese a todo tiene esperanzas de que el nuevo comité, que se ha formado dentro del Departamento de Justicia para investigar casos de uso de fuerza y hacer recomendaciones, logre los resultados que hasta ahora no han fructificado en algo concreto.

“Yo sigo siendo positiva y tengo esperanzas”, afirmó.

(Ver reportaje completo en la sección de Al Día, Edición 12).