En el vecindario Mariano Matamoros, en Tijuana, el estadunidense Andrew Hernández, de 9 años de edad, se levanta a veces un poco desanimado, dice, porque se le dificulta escribir en forma cursiva, y hay temas como el de los nombres de los presidentes de México que no se le dan con facilidad, y encima tiene que usar uniforme; no es como en California, donde nació.

Aunque a veces la escuela se le dificulte, o se rían si pronuncia mal un nombre, o parezca de primero y no de tercero al tratar de escribir, Andrew dice estar contento, porque está junto a su mamá, desde que a ella la deportaron de Oxnard, al norte de Los Ángeles, en el condado de Ventura.

Para Andrew y sus hermanos Javier y Pamela, de 11 y 15 años, “ha sido muy difícil”, explicó doña Eve Torres, la mamá “Ya se han adaptado un poquito pero todavía batallan con muchas cosas”.

La parte más difícil fue cuando deportaron a Eve a Tijuana. Sus hijos estaban solos en Oxnard y nadie entre sus conocidos le quiso ayudar a cuidarlos para que siguieran en la escuela. Tampoco la apoyó su ex esposo, el padre de los menores.

“No iban a tardar en darse cuenta que estaban solos y me los iban a quitar” las autoridades del condado, “para darlos en adopción”, explicó.

Como pudo reunió dinero para que le trajeran primero a Andrew y a Javier, los que más exigían estar con su madre; y unas semanas después pagó para que le trajeran a Pamela.

En Tijuana, los niños no tienen ningún servicio de salud. Les niegan incluso el Seguro Popular, que es el más accesible. Eve puede solicitar copias de sus actas de nacimiento a California y tramitarles la doble ciudadanía pero no tiene tiempo ni recursos; trabaja en casa con serigrafía.

Dice el investigador Armando Vázquez Ramos, director del Centro de Estudios California México que el caso de la familia Hernández Torres está muy lejos de ser exclusivo.

“Unos dos millones y medio de inmigrantes han sido deportados durante el periodo de presidencia de Barack Obama y la mayoría de ellos son mexicanos, y muchos de ellos son padres y madres de hijos estadunidenses”, destacó el investigador.

En consecuencia “por lo menos 700 mil niños estadunidenses viven actualmente en el auto exilio en México con sus padres deportados, quizás más que esa cantidad”, dijo el investigador.

Según Vázquez, al no dejar a los menores más opción que seguir a sus padres a la deportación, se viola los derechos constitucionales de estadunidenses que claramente preferirían vivir en Estados Unidos, en su país, con sus padres inmigrantes.

“Es un tema fundamental de cerca de un millón de estadunidenses, si tomamos también en cuenta a los hijos de centroamericanos, que también han sido deportados”, dijo.

Los gobiernos de los dos países han abordado el tema únicamente en cuanto a la educación migrante, pero en la práctica es insuficiente.

Un congresista federal de California, Alen Lowenthal, intenta presentar una iniciativa de ayuda a los menores en autoexilio,. pero esta semana explicó que su tema se abordaría por autorización de la presidencia del congreso y, con la actual estructura en esa cámara, su propuesta sería ignorada.

Hay que esperar la elección y ver si hay un reacomodo de fuerzas, indicó el congresista en foro sobre ese mismo tema.

La señora Eve en el vecindario de Tijuana dijo estar de acuerdo con la noción de que se violan derechos de sus hijos.

“Porque ellos eventualmente van a regresar a vivir a Estaos Unidos, por lo menos a California, y aquí estamos juntos pero no tienen las mejores condiciones que pudieran tener”, de acuerdo con la señora Eve.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com