La Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) de San Diego se dispone a reunir esta semana 40 mil firmas de apoyo a una petición para que las agencias federales en la frontera se responsabilicen de muertes de agentes.

Desde el 2010 a la fecha han muerto 46 personas a manos de oficiales fronterizos, de acuerdo con conteos de organizaciones como la coalición de Derechos Humanos, y ningún agente ha enfrentado sanción por esas muertes, destaca la Aclu.

“La patrulla fronteriza se comporta sin control en nuestra región y nuestras comunidades sufren por ello”, destaca la organización.

Dice que “el gobierno federal incrementa masivamente el gasto por concepto de seguridad fronteriza, con lo que termina por militariza la frontera”.

La Aclu reprochó que son historias que ya no aparecen en los titulares nacionales pero los residentes de la frontera las sufren todos los días con detenciones sin orden judicial, búsquedas y destrucción de propiedad privada, y abusos físicos” por parte de agentes fronterizos y en las garitas.

“Lo peor de todo es que en este momento no hay una forma efectiva de atención a quejas pro violaciones a los derechos y tampoco un proceso de sanción a los responsables”, enfatizó la Aclu en su campaña.

Como “los abusos de agentes son demasiado comunes” y el secretario de Seguridad, Jeh Johnson se comprometió “a implementar un mecanismo firme y transparente de quejas e investigaciones’, la Aclu inició su campaña.

Al reunirse, las 40 mil firmas serán enviadas al secretario Johnson para pedirle que ese mecanismo de investigación y sanciones a los oficiales se implemente cuanto antes.

La campaña coincide con el nombramiento de un exagente de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI), Mark Morgan como nuevo director nacional de la patrulla fronteriza.

Morgan, exjefe del FBI en El Paso, es el primer oficial que sin haber pertenecido antes a la patrulla es nombrado director. Estuvo a cargo de la división de Asuntos Internos de la patrulla doce meses antes de su nombramiento como di